La ex procuradora de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, renunció al cargo de juez penal del distrito de Huejotzingo, el cual recientemente asumió luego que el pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hiciera una rotación de jueces.

Fuentes cercanas al TSJ señalaron a e-consulta que ayer Villeda Martínez, quien fue titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en el sexenio del ex gobernador Mario Marín Torres, presentó su renuncia presumiblemente por el exceso de carga de trabajo que encontró en el juzgado.

Otra versión extraoficial que se dio a conocer sobre la salida de Villeda, es que con su renuncia intentó evadir algún proceso en su contra al sentirse presionada por la posible liberación de los dos ex policías judiciales, José Díaz Salinas y José Carlos Quiterio, acusados de secuestrar y asesinar al empresario atlixquense Ricardo Ramírez Rodríguez, en enero de 2008.

De acuerdo con versiones periodísticas, ese año, Villeda aún era procuradora de Justicia y fue señalada de lavarse las manos por este caso, a la vez que intentó proteger a los ex elementos de la PGJ, interviniendo en las investigaciones y tratando de manipular la justicia.

Villeda Martínez saltó a la fama en el 2006 tras el escándalo por la detención y abuso de autoridad del que fue víctima la periodista Lydia Cacho, en el sexenio de Mario Marín Torres.

Durante su periodo como procuradora, Villeda también fue acusada, entre otras cosas, de proteger a un narcomenudista luego que enfrentara a elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y al entonces director de la Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán.

Estos hechos se dieron a conocer tras filtrarse un video en el que aparece Villeda sosteniendo una fuerte discusión con Karam Beltrán, en donde inclusive hubo fricciones entre los escoltas de ambos funcionarios.

Luego que el pleno de magistrados del TSJ hiciera cambio de jueces, la ex funcionaria llegó a laborar hace por lo menos un par de días al Juzgado Penal de Huejotzingo, tras desempeñarse como Juez 2º de lo Civil en esa misma región.

Cabe mencionar que ese puesto se le asignó a pesar que el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social de Puebla impide, en su artículo 314, que un servidor público del TSJ intervenga en asuntos de tipo penal cuando anteriormente haya sido procurador.

”El funcionario Judicial de Defensa Social, sea Magistrado o Juez, está impedido para conocer  de los asuntos en que intervenga, y deberá excusarse o podrá ser recusado (…) cuando hubiese sido abogado, procurador o perito en el negocio de que se trate, o si declaró como testigo acerca de hechos relativos al proceso”, establece el documento.