El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Roberto Flores Toledano, avaló la sentencia que el Juez Octavo de lo Penal dictó sobre el caso del ex secretario de Salud del sexenio anterior Alfredo Arango García, misma que derivó en su liberación, e informó que no existe algún otro caso abierto en contra del ex funcionario.

El magistrado afirmó que el mencionado fallo -el cual conmutó a Arango cuatro años de cárcel bajo cargos de enriquecimiento ilícito que involucran cuatro propiedades con un valor hasta de 79 millones de pesos- a cambio del pago de una fianza de 1.5 millones, se dictó dentro de los lineamientos legales establecidos.

“La sentencia está dictada conforme a derecho y conforme a los parámetros establecidos en la ley”, indicó Flores Toledano durante entrevista al ser cuestionado sobre el tema.

Asimismo, el titular del TSJ indicó que no existe ninguna otra denuncia penal interpuesta por la administración pública estatal o por el Poder Legislativo en contra del ex funcionario estatal, pues el único proceso era el que el juez octavo de lo penal selló en el mes de diciembre pasado.

Fue el pasado 18 de diciembre cuando el juez el Juez Octavo de lo Penal, Celestino Martínez Bones, dictó sentencia sobre el caso de Arango, al encontrarlo culpable por el delito de enriquecimiento ilícito, misma que consistía en una pena de cuatro años en prisión.

Sin embargo, por tratarse de un “primo delincuente” y porque mientras  estuvo un prisión (enero de 2012 a diciembre de 2013) le fueron decomisados bienes con un valor de 79 millones de pesos, la pena pudo conmutarse a través del pago de una fianza que ascendió a 1.5 millones.

Lo anterior, pese a que el Congreso local detectó 225 anomalías en el uso de recursos públicos que Arango realizó durante su paso por la Secretaría de Salud (SSA), mismas que ascendieron hasta por 8 mil 864 millones de pesos, las cuales no fueron denunciadas de manera penal por el Poder Legislativo.

Aunado a lo anterior, la Contraloría del estado no ha informado el estatus que tienen las investigaciones que al inicio de la administración estatal emprendió la entonces titular de la dependencia y ahora diputada local electa Patricia Leal Islas.

Pese a lo anterior, Flores Toleado refirió que el caso del ex colaborador de Mario Martín Torres es un asunto cerrado, pues el proceso jurídico que había en contra del funcionario se realizó apegado a los parámetros que marca la ley.