De diciembre de 2012 a noviembre de 2013, el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 8 mil 17 denuncias de extorsiones.

Además, hay un subregistro de intentos de extorsión, es decir de los que no llegaron a consumarse.

Por ejemplo, hasta octubre, el Centro de Atención Ciudadana de la Policía Federal había recibido 74 mil denuncias por intentos de extorsión telefónica. Se evitó el pago en 95 por ciento de los casos, según una nota de periódico Reforma.

Es decir, en los primeros 10 meses del año se registraron 246 llamadas diarias de extorsión que, en su mayoría, no fueron denunciadas.

"La extorsión tiene números espeluznantes, y eso que la información oficial no incluye esa serie de delitos de los que tiene conocimiento la autoridad, pero que no se transforman en delito.

"Los registros de extorsión sólo incluyen los que se consumieron: si pagaste, sí entra la denuncia", detalló Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.

Según cifras del Secretariado, el delito se incrementó entre marzo y abril, al pasar de 632 a 715 denuncias, y alcanzó el punto más álgido en mayo, con 768 denuncias.

El primer lugar nacional en denuncias es Morelos, con una tasa de 17.45 extorsiones por cada 100 mil habitantes; le sigue Baja California Sur, con 16.29, y Quintana Roo, con 11.65.

El cuarto y quinto lugar se lo llevan el DF y el Edomex, respectivamente, estados que juntaron el mayor número de denuncias en el último año.

Las 8 mil 17 averiguaciones previas representan 22 víctimas diarias de extorsión en el País durante el primer año de Gobierno de Enrique Peña Nieto.

En cambio, el último periodo de la Administración de Felipe Calderón sumó 7 mil 95 denuncias por el mismo delito.

"En este periodo, 20 entidades federativas han tenido tasas de crecimiento positivas en el delito de extorsión; nueve de ellas, arriba del 50 por ciento.

"Es un delito sobre el que tenemos registros endebles, escasos, debido a la gran cifra negra que hay por desconfianza a la autoridad", detalló Edna Jaime, directora general de la organización México Evalúa.

Representantes de organizaciones civiles concuerdan en que no existe una estrategia de los tres niveles de gobierno para combatir los dos delitos de alto impacto que más laceraron a la ciudadanía este año.

"En el combate a la extorsión hay resultados magros, por no decir inexistentes. Hay una permanente evasiva de responsabilidades, donde unos dicen que es competencia del otro, se avientan la bolita entre autoridades, y quedamos en medio los ciudadanos", criticó Juan Francisco Torres, secretario general de México Unido Contra la Delincuencia.

"El Presidente Peña, hace un año, se comprometió a reducir los delitos de alto impacto, y este año el secuestro y la extorsión rompen récord. No hay control en la seguridad del País en tanto estos dos delitos, tan brutales, sigan creciendo", condenó Jaime.

Incumple gobierno promesas en seguridad

La cifra real de cuántos desaparecidos hay en el país, una nueva fuerza nacional que reforzaría la seguridad, la depuración total de malos policías y la creación de unidades antisecuestros, fueron promesas de gobierno para 2013 que no se cumplieron.

En la firma del Pacto por México, las principales fuerzas políticas del país acordaron 8 compromisos en materia de seguridad. Doce meses después el Pacto está en vías de extinción y sólo 2 de los compromisos se concretaron, según se informa en otra nota del diario 24 Horas.

Incluso, la idea de un Código Penal único ya fue de plano descartada. Otras metas las diseñaron cada dependencia, como la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR), pero tampoco cumplieron.

Así arranca el segundo año del gobierno de Enrique Peña Nieto y poco se habla de los proyectos pendientes.

Entre lo que se prometió y quedó solventado por el gobierno y el Congreso, al menos en el papel, están las reformas a la Ley de Amparo y el diseño de un Plan Nacional para la Prevención del Delito, pero este último apenas arrancó a fin de año por falta de recursos y estrategia.

En los índices delictivos, tomando en cuenta que sólo se denuncia 7% de los ilícitos que se comenten, se lograron reducir los homicidios dolosos, aunque aumentaron, como nunca antes, secuestros y extorsiones. Sin embargo, las organizaciones civiles denunciaron que algunos estados han falseado información estadística y colocan menos crímenes y, en su lugar, mayor número de muertes dolosas.

Después de esos dos objetivos logrados no hay más. La cancha de los pendientes en seguridad sigue llena, pese a que algunos son un fuerte reclamo social desde el sexenio pasado.

El 26 de febrero la Secretaría de Gobernación (Segob) reveló un listado del sexenio pasado con un registro de 26 mil 121 personas desaparecidas, pero la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Lía Limón, aclaró que eran datos que debían ser validados y verificados, porque había duda en al menos 5 mil casos. El número real sigue sin darse a conocer.

El diario 24 Horas publicó en mayo pasado que Gobernación, la PGR y Províctima tenían al menos tres cifras distintas de personas desaparecidas. Ese mismo mes se anunció la creación de la Unidad Especial para Búsqueda de Desaparecidos que elaboraría una estadística confiable, pero tampoco se conocen los avances y resultados.

Las protestas de las organizaciones civiles continúan y se intensifican ante la falta de cumplimiento de las promesas hechas por las autoridades.

La certificación de los más de 520 mil policías que existen en el país, a través de los exámenes de control de confianza, tenía que haberse terminado este año. En dos ocasiones se dieron fechas de vencimiento, pero en ninguna se concretaron.

En enero se vencía el plazo original fijado desde el 2009 en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para cumplir con las evaluaciones, pero los estados solicitaron una prórroga de diez meses que se autorizó. Pero al llegar octubre, el Senado cambió la fecha y concedió un año más para cumplir con la certificación, porque seguían sin ser evaluados casi 200 mil policías.

Apenas el viernes, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública se acordó aplicar exámenes diferenciados al personal que integran las dependencias de seguridad, por lo que se aplicarán los cambios a partir del próximo año.