Los altos costos tributarios orillan al cierre de empresas de seguridad privada o a que operen en la informalidad, ya que deben cubrir hasta 1.2 millones de pesos en permisos al estado, indicó el delegado de la Asociación Nacional de la Industria de la Seguridad (Anainse), Agustín Ortiz Figueroa.

Desde el 2012 el gobierno estatal cobra 100 mil pesos como permiso para operar cada una de las ocho modalidades de servicio que prestan las empresas de seguridad, es decir 800 mil pesos.

El proyecto de egresos de ese año destaca el cobro unitario de permisos de operación por custodios, guardias, alarmas, traslado de valores, capacitación, vigilancia entre otros.

De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), cuatro de cada 10 empresas de seguridad privada y traslado de valores en el estado de Puebla se encuentran en proceso de revocación de su registro y autorización, en liquidación o cierre de operaciones así como en suspensión de actividades.

En entrevista con e-consulta, Ortiz Figueroa señaló que el cierre se debe a que el margen de ganancias es mínimo, ya que cada empresa destina el 32 por ciento de sus ganancias en cargas impositivas y pagos al fisco.

Es importante recordar que actualmente un total de 157 empresas de seguridad privada tienen un registro o autorización para operar en la entidad, sin embargo sólo 91 se encuentran activas, es decir, el 58 por ciento.

El delegado en Puebla de la Anainse asegura que todas las empresas de seguridad cubren con los requisitos, pero pega a sus finanzas el pago que deben realizar al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para que su personal sea certificado en pruebas de confianza.

Además de que el SNSP cobra capacitación y adiestramiento como parte de los requisitos para operar, por lo cual las empresas pagan 5 mil pesos anuales en promedio por cada elemento que contratan.

Los contratos de actividades de las empresas de seguridad, dijo, están avalados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Señaló que el principal aval de estas empresas son los particulares que los contratan: "nos pagan por minimizar la vulnerabilidad que les causa la delincuencia".

Agustín Ortiz recalcó que los gravámenes excesivos están orillando a la informalidad a las empresas de seguridad, a pesar de que estas sirven para contener los niveles de delincuencia en la entidad.

Explicó que las empresas que no tienen licencias, pero que se tienen identificadas, en la mayoría de los casos aparecieron como necesidad de los conjuntos habitacionales o residenciales por tener su propia protección al interior.

Dijo que si contaran a los cuerpos de seguridad creados por las propias industrias instaladas en la entidad, llegarían a 400 entidades privadas, cuyos elementos están en la nómina como cualquier trabajador.

Al finalizar calificó de incongruente que el gobierno cobre por prestar un servicio que debe proporcionar el estado como es el de garantizar la seguridad.