La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó en lo general la Ley de Resocialización de los Infractores Normativos, propuesta por el gobernador Rafael Moreno Valle, la cual tiene por objetivo sustituir las penas de prisión por actividades como el trabajo a favor de la comunidad o con el establecimiento de una relación laboral, y que podrán ser retroactivas para los actuales internos.

Gerardo Mejía Ramírez, secretario de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, precisó que se dejó en reserva el artículo 8 de la iniciativa, debido a que se prevé un cambio en la redacción del mismo.

“En la redacción se presta a que no podrá acceder (al cambio de sanción) si alguien lo solicita, pero no puede oponerse a algo que no conoce, podría prestarse a una mala interpretación, la propuesta es que no se plantee el término tal como oposición, da la impresión que no podrá ser sujeto y que podría ser discrecional”, detalló Mejía Ramírez.

Tal apartado refiere que: “el gobernador constitucional del estado de Puebla, por sí mismo o a través del Secretario General del Gobierno podrá oponerse a la solicitud de medida o sanción alternativa o bien a su concesión”.

El diputado del PRI manifestó que la ley es retroactiva, por lo que se permitirá a sentenciados hacer la permuta de sus condenas por trabajo a la comunidad, relación laboral formal independiente, aplicación educativa o de capacitación y tratamiento de adicciones, tal como lo indica el artículo 2 de este ordenamiento.

La medida sólo se aplicará para quienes estén sentenciados por primera vez y que no sea delitos como secuestro, violación o que pertenezcan al crimen organizado.

La duración de la pena sustituta será el equivalente a la sanción privativa de la libertad.

Los presos que cambien su pena por trabajo a favor de la comunidad  tendrán que hacer acciones preferentemente de servicios públicos y asistenciales, tanto estatales como municipales, pero no se vincularán a funciones de seguridad pública o cívica. Las labores podrán ser remuneradas o recompensadas.

En lo que respecta a la relación laboral independiente, la iniciativa plantea que esta actividad puede darse con cualquier persona “física o moral”, siempre y cuando se valide por la oficina encargada del sistema.

Sobre las actividades relacionadas con el tema escolar y de tratamiento de adicciones, la propuesta de ley indica que los reclusos que opten por este tipo de sentencias sustitutas podrán realizarlas en instituciones públicas o privadas que estén previamente aprobadas y cumplir satisfactoriamente las reglas establecidas.

Asimismo, la iniciativa refiere que habrá una autoridad encargada del “control y vigilancia”, y que ésta será la oficina que el gobernador determine.