Hace unos días, el abogado Gilberto Montalvo González, responsable de los amparos presentados por la Asamblea Social del Agua en contra del proceso de concesión del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), aseguró que la confidencialidad con la que se lleva esta licitación violenta el artículo 6 de la Constitución Mexicana.

Dicho ordenamiento refiere que toda información en poder de las autoridades debe regirse bajo el criterio de “máxima publicidad” y que sólo se contarán las excepciones establecidas “en las leyes aplicables”.

Para el abogado de la ASA, las leyes aplicables para el tema de la licitación del SOAPAP son solamente la Constitución Mexicana y la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos; sin embargo, las leyes a las que hace referencia ese artículo son las normas en materia de Transparencia tanto federales como estatales, puntualizó Vélez.

La especialista en transparencia dijo desconocer el fondo de las bases de la licitación y de los propios amparos presentados por Montalvo González, por lo que evitó referirse directamente a estos procesos, aunque destacó que la confidencialidad es normal en trámites de adjudicación de contratos.

Explicó que la información relacionada con las propuestas que presenten las empresas y sus ofertas financieras deben ser confidenciales para evitar que alguna de las participantes ajuste sus propuestas sólo para tener ventaja sobre los otros.

“De manera general, cuando los procesos de licitación están ocurriendo, si hay cosas que son confidenciales”, puntualizó, aunque señaló que una vez que termine el proceso de licitación toda la información generada debe hacerse pública.

Cuando se tiene un fallo, la gente ya puede conocer qué empresas participaron, sus propuestas y las inconformidades que pudieron manifestar durante el proceso, en este caso la información no puede mantenerse como reservada, describió Vélez.