Las comisiones de Gobernación, Procuración de Justicia y Salud aprobaron, en lo general, la Ley para la Venta y Suministro de Bebidas Alcohólicas propuesta por el gobernador Rafael Moreno Valle; sin embargo, dejaron en reserva dos artículos referentes a las sanciones para quienes comercialicen bebidas adulteradas y a menores de edad.

A la iniciativa del mandatario estatal se sumaron los proyectos que el año pasado presentaron los exdiputados locales del PRI, Enrique Doger Guerrero y Filiberto Guevara González, así como los legisladores Gerardo Mejía Ramírez (PRI) y Myriam Galindo Petriz (PAN).

Josefina Buxadé Castelán, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, refirió que antes de la sesión ordinaria del miércoles los diputados se reunirán para acordar cuál será la corresponsabilidad del personal que labora en los establecimientos que vendan bebidas alcohólicas a menores o que estén adulteradas.

Los artículos que se discutirán el próximo miércoles son los 199 Sexies y 199 Septies del Código Penal del Estado. En dichos apartados se establece que  “al que con conocimiento de que no cuenta con licencia o permiso otorgado por la autoridad competente, venda o suministre bebidas alcohólicas, se le impondrá de tres meses a tres años de prisión y multa de 50 a 500 días de salario mínimo”.

La misma multa se impondrá para el propietario o titular del establecimiento en el que se venda o suministre bebidas alcohólicas sin licencia.

Mientras que quienes vendan bebidas alcohólicas a menores de edad, las penalidades van de cuatro meses y medio o cuatro años y medio de prisión, así como de 75 hasta 750 días de salario mínimo.

Otro de los puntos enlistados en la iniciativa es que los ayuntamientos podrán autorizar, negar, vigilar y revocar las licencias o permisos provisionales para le venta y suministro, además de que tendrán facultades para aprobar y expedir normas municipales reglamentarios a la ley.

Además, los cabildos deberán de aprobar e implementar programas de prevención de accidentes por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas acorde a sus características económicos y sociales, así como las necesidades de cada municipio.