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Avanza reforma política con la creación del INE y la reelección

El gasto electoral de los estados en procesos locales llegó a un 20% de aumento mientras que a nivel federal fue del 3.2%.
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Los representantes del gobierno federal y del Partido Acción Nacional (PAN) tienen definidas las líneas de la reforma política electoral: se crea el Instituto Nacional de Elecciones (INE), un tribunal nacional federal sustituirá a los estatales y no habrá reelección presidencial.

En cambio, los senadores podrán repetir un sexenio para sumar dos periodos, para un total de 12 años en su escaño, y alcaldes, diputados federales y legisladores estarán facultados legalmente para buscar la ratificación hasta por tres periodos, nueve años en total.

No está definido qué sucederá con los presidentes municipales, donde el periodo es de cuatro años. Se analiza si se limita sus administraciones a trienios, para no prolongar su permanencia más allá de los nueve años, como sucederá con los legisladores.

De acuerdo con fuentes gubernamentales y panistas consultadas por el diario 24 Hortas, el proyecto incluye vigilar los gastos de campaña en tiempo real y, en caso de rebasarse, ser causal de nulidad. Esto no ha pasado hasta ahora pero se buscan mecanismos para dar con sanciones de impacto.

Esto incluiría la dotación de facultades al nuevo organismo, el INE, para poder auditar tanto a los partidos como a los candidatos. Entre las partes aún está impreciso qué hacer cuando eso suceda: ¿se repetirá la elección? ¿Se descalificará al candidato? ¿No podrá participar el partido en las votaciones extraordinarias?.

Las negociaciones no han concluido y siguen su curso con disposición de las partes.

Los acuerdos fueron tomados institucionalmente por la dirección y los coordinadores parlamentarios panistas con el gobierno federal, los cuales han incluido entrevistas en la residencia presidencial de Los Pinos con la presencia de miembros del gabinete político.

De conformidad con datos de participantes en esos arreglos, el presidente Enrique Peña Nieto ha sido insistente en desterrar –al menos en esta reforma- la reelección presidencial porque, argumenta, se viciarían las contiendas y rompería las banderas que dieron inicio a la Revolución Mexicana.

No está convencido de bondad alguna sobre la reelección en cargos menores –senadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes y regidores-, pero ha accedido a fin de mantener la disposición de los panistas para llevar al PAN de compañero en las reformas estructurales.

Entre los negociadores están el presidente de Acción Nacional, Gustavo Madero, y sus operadores en el Congreso, Jorge Luis Preciado en el Senado de la República y Luis Alberto Villarreal en la Cámara de Diputados, así como el ex senador Santiago Creel Miranda.

Por el gobierno han estado en algunas reuniones el presidente Peña Nieto, pero en términos regulares a las negociaciones asisten el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer.

Pláticas similares se llevan con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero no han sido revelados los acuerdos con el grupo encabezado por la corriente dominante, Nueva Izquierda (NI) o Los Chuchos, liderados por Jesús Ortega, Jesús Zambrano y Guadalupe Acosta Naranjo.

Fuentes oficiales insistieron en el interés superior de mantener a la mesa a Gustavo Madero y a los panistas, con quienes está la apuesta para sacar la reforma energética, una vez aprobada la reforma político-electoral, dada la negativa de la izquierda en su conjunto por respaldar modificaciones a la Constitución.

INE busca corregir abusos de órganos estatales

Con las posturas contrastadas que dejó el debate por la reforma fiscal, el consejo Rector del Pacto por México ahora busca, a como dé lugar, que se apruebe una reforma político-electoral con el principal objetivo de acabar con las deformaciones y abusos de los institutos electorales estatales.

Es innegable que haya posiciones de alto contraste por la falta de acuerdos en torno a la reforma fiscal, dijo el panista Marco Antonio Adame. Ahora, con igual número de propuestas y contrapropuestas, las negociaciones se centran en lo político y electoral, que sería la siguiente reforma impulsada desde el Pacto por México.

El interlocutor del Acción Nacional detalló al diario 24 Horas que el consejo rector analiza uno de los principales puntos de la reforma político-electoral es que con la creación del Instituto Nacional de Elecciones o súper IFE, se podrían retomar algunas funciones y prácticas del Instituto Federal Electoral.

En medio de las propuestas y contrapropuestas, el gobierno federal presiona a los integrantes del acuerdo político para impedir el cierre de los institutos electorales locales y darle paso al súper IFE que se encargue de todas las elecciones, incluso en municipios y estados.

Diversos institutos electorales en los estados rechazan el cierre de estos organismos locales, propuesta impulsada por dos actores del Pacto, el PAN y PRD.

Se incrementó el costo de la democracia en los estados

El costo de la democracia se incrementó en el sexenio 2006-2012. El gasto electoral de los estados en procesos locales llegó hasta un 20% de aumento, de acuerdo con un estudio elaborado por la consultoría Integralia, que encabeza el ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde.

Según otra nota del periódico Excélsior, el incremento en el gasto electoral se dio pese a las reformas legales en la materia de 2007, cuyo objetivo era precisamente reducirlo.

Las elecciones federales en seis años pasaron de un gasto de 16 mil 905 millones de pesos a 17 mil 452 millones, un incremento de 3.2 por ciento. Ese gasto para elecciones de los estados subió de 8 mil 69 millones a 9 mil 675 millones en el mismo periodo, lo que representa un incremento de 20 por ciento.

Uno de los objetivos de la actual propuesta de reforma es bajar los costos de los comicios.

En el ámbito federal el gasto en elecciones se elevó 3.2% entre 2006 y 2012; a nivel estatal aumentó 20%.

El estudio Costo presupuestal de la democracia electoral en México, 2000-2012, patrocinado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, refiere que a escala federal el incremento fue marginal: pasó de 16 mil 905 millones de pesos a 17 mil 452 millones, un aumento de 3.2 por ciento.

En el ámbito estatal el incremento fue más significativo, pues pasó de 8 mil 69 millones en 2006 a 9 mil 675 millones de pesos en 2012, lo que implica un incremento de 20 por ciento.

Respecto a los órganos electorales, el informe señala que el presupuesto del IFE disminuyó 1.7%, al pasar de 9 mil 984 millones de pesos en 2006 a 9 mil 811 millones en 2012.

Por su parte, el presupuesto de los 32 institutos estatales —cuya eliminación está considerada en la reforma político-electoral que en estos momentos se analiza en el Congreso de la Unión, lo cual daría paso a la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE)— pasó de 4 mil 929 millones de pesos en 2006 a 5 mil 816 millones en 2012, un incremento de 18 por ciento. El presupuesto de los institutos ha sido de 4 mil 909 millones cada año, en promedio.

“Entre los institutos estatales hay una enorme variación del costo de organizar las elecciones por votante inscrito en el padrón: mientras en Nayarit el costo es de 52 pesos, en Tabasco es de 222 pesos. Los institutos con mayor costo por votante son Tabasco, Campeche, Distrito Federal, Tlaxcala y Yucatán”, revela el informe de Integralia.

En materia de partidos políticos ocurre un fenómeno similar. Las prerrogativas de los institutos políticos en el ámbito federal se contrajeron 4.7 por ciento: pasó de 5 mil 393 millones de pesos en 2006 a 5 mil 142 millones en 2012.

En contraste, el presupuesto destinado a los partidos aumentó 10.4 por ciento en el ámbito estatal, al pasar de 2 mil 492 millones de pesos hace seis años a 2 mil 750 millones en 2012.

En materia de tribunales electorales, el presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aumentó 75 por ciento, al pasar de mil 353 millones de pesos en 2006 a 2 mil 368 millones en 2012. El costo de los tribunales locales creció 71 por ciento: pasó de 648 millones en 2006 a mil 110 millones de pesos en 2012, según el informe sobre el sistema electoral mexicano, del cual Excélsior tiene una copia.

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