La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó 12 visitas de inspección a empresas en el estado de Puebla, donde se observó que existen descargas de aguas residuales clandestinas y que algunas compañías  no cuentan con la autorización de la Comisión Nacional del Agua para el desecho de éstas.

En operativo realizado del 23 al 27 se septiembre, personal de la Subprocuraduría de Inspección Industrial de la PROFEPA examinó a diversas empresas de jurisdicción federal, las cuales descargan sus aguas residuales a la afluente del Río Atoyac, en el estado de Puebla.

Compañías textiles, alimenticias, químicas y petroquímicas, de bebidas, metalmecánicas, automotrices y de autopartes, y productoras de papel, desconocen las condiciones particulares de descarga y los límites máximos permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, la cual establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

Actualmente en el Río Atoyac se descargan aguas residuales provenientes de diversas industrias ubicadas en cerca de 50 municipios de Tlaxcala y Puebla, las cuales no cuentan con plantas de tratamiento o que éstas no funcionan adecuadamente, lo que ha originado que en este afluente se descarguen sustancias nocivas y sea considerado un foco de infección, dando pie a  enfermedades como la hepatitis, cáncer y cólera.

Por ello, la PROFEPA ordenará medidas correctivas a las empresas que se les encontraron irregularidades, por lo que se les dará un especial seguimiento hasta que cumplan con la totalidad de sus obligaciones.

El reto que actualmente enfrenta la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, es inhibir la descarga de aguas residuales que rebasen a las condiciones particulares de descarga o los límites máximos permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996,  a fin de proteger los cuerpos de aguas nacionales.

Con estas acciones de inspección y vigilancia se está dando cumplimiento a los compromisos del Abogado Francisco A. Moreno Merino, Procurador Federal de Protección al Ambiente, de cuidar y hacer cumplir la normatividad ambiental mexicana, en beneficio de la población.