Artículo 19 reprobó la iniciativa del diputado Enrique Nacer Hernández que intenta penalizar "el lucro" de la información solicitada mediante el uso de la Ley de Transparencia.

En entrevista con e-consulta, María Cristina Ruelas, oficial del programa de Transparencia de Artículo 19, reprobó el proyecto y lo calificó de inhibitorio.

La iniciativa, que busca adicionar una disposición al artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, llevaría a un retroceso en materia de transparencia, ya que debe existir libertad en el uso de la información pública.

La postura de Artículo 19, organismo internacional vigilante de la transparencia y la protección a periodistas, se basa en que cualquier disposición que limite o inhiba el ejercicio al derecho a la información es negativa.

Señaló que la propuesta sobre que la información obtenida por los solicitantes no pueda utilizarse con fines de lucro, es una contraposición a los principios de libertad.

A decir de Ruelas, una cosa es que se utilicen las bases de datos personales que están en poder de los gobiernos para hacer actividades lucrativas y  otra que la información pública que se obtiene a través de procesos de transparencia y acceso a la información, tengan un uso.

“De hecho, es una práctica inhibitoria que el gobierno te pregunte para qué quieres la información. Entonces, en ese sentido, cualquier iniciativa que limite el ejercicio de acceso a la información es negativa”, abundó.

Lo importante es establecer que la información que se emite por el gobierno y se entrega al ciudadano, es información pública y se tiene el derecho de hacer lo que se quiera con la misma.

La iniciativa pretende que, de comprobarse el “quebranto” del ordenamiento, se promoverán disposiciones “penales, civiles y administrativas”, y eso es un retroceso, considera la especialista.

"Existen los comités de reserva de informaciones, pero si se da la información es porque es pública y no va a causar ningún daño moral a la seguridad u orden público", concluyó.

Durante la presentación de la iniciativa, Enrique Nacer no pudo establecer si las penas van en contra de quien haga uso de información pública obtenida vía solicitudes de acceso o la confidencial que obra en bases de datos de la administración estatal.