El Senado aprobó esta madrugada los cambios a la Ley General de Educación y el dictamen de la Ley del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (INNE), con lo cual clausuraron el periodo extraordinario que consideraba un día más de trabajo legislativo.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, con 91 votos a favor y 20 en contra, los senadores avalaron, en lo general y particular, el dictamen de la Ley del INEE que deberá ser expedida, a más tardar, el 26 de agosto para cumplir con los plazos legales establecidos, por las modificaciones constitucionales a los artículos 3 y 73.

Con la aprobación, el INNE se convertirá en un organismo autónomo y con personalidad jurídica que determinará su técnica gestión, el uso presupuestario y su organización interna.

Entre las funciones del INEE destacan diseñar y expedir los lineamientos generales a los que se sujetarán las autoridades educativas, así como coordinar el Sistema Nacional de la Evaluación Educativa que evaluará la calidad, desempeño y resultados del sistema de educativo en todas sus modalidades.

Además, el Instituto tomará en cuenta factores demográficos, sociales y económicos de los docentes en la evaluación de su desempeño.

Antes de la votación del dictamen de la Ley del INNE, los senadores avanzaron en otra ley reglamentaria de la reforma educativa.

Con 90 votos a favor y 21 en contra, el Senado de la República aprobó la Ley General de Educación.

Los legisladores no reservaron ningún artículo, sin embargo, integrantes del PRD y la legisladora de Nueva Alianza e hija de Elba Esther Gordillo, Mónica Arriola, criticaron la falta de análisis de las propuestas por parte de los demás representantes.

"Como senadora me pronunció a favor del decreto, sin embargo, la prisa excesiva es la madre de las cosas incompletas", señaló Arriola.

En tanto, el senador Fidel Demédicis, al fijar la postura del PRD, aseguró que la fracción perredista votaría en contra del dictamen, pues consideró que la revisión de la propuesta fue "al vapor"; además de cuestionar si el Gobierno federal proveerá los recursos necesarios para cumplir con las metas establecidas.

"Yo les pregunto: ¿quiénes de los aquí presentes conocen la Ley General de Educación?", expuso.

Su compañero de partido, Benjamín Robles, también arremetió contra el auditorio.

"Estas leyes no son producto del consenso, del Pacto por México, el Ejecutivo federal tomó una decisión unilateral en estas leyes", dijo el senador perredista.

En las modificaciones aprobadas a la Ley General de Educación se plantea incluir a los padres de familia dentro del Sistema Nacional de Educación para, junto con los docentes, participar de manera activa en elevar la calidad de la enseñanza.

Las fracciones del PAN, PRI y PVEM Nueva Alianza apoyaron ambas iniciativas, mientras que la única perredista que también votó por la aprobación de las leyes reglamentarias fue Angélica de la Peña, esposa del ex dirigente nacional del PRD Jesús Ortega.

Al igual que los diputados, los senadores no discutieron ni aprobaron la Ley General del Servicio Profesional Docente que contempla evaluaciones y sanciones. Esa legislación fue la que provocó las manifestaciones y protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Aunque los legisladores habían acordado sesionar miércoles, jueves y viernes de esta semana, decidieron prolongar la discusión de los temas y cerrar los trabajos esta madrugada.

Los senadores concluyeron los trabajos luego de la aprobación de tres reformas constitucionales, de las cuales, dos fueron regresadas a la Cámara de Diputados, y la restante a los congresos de los estados; además de las dos leyes reglamentarias de la reforma de educación que fueron turnadas al Ejecutivo.

Los coordinadores parlamentarios acordaron posponer hasta septiembre el procesamiento de los candidatos a comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia.

También determinaron llevar al ordinario la minuta que contiene la reforma constitucional en materia de transparencia.

Diputados avalan cambios a ley de transparencia

Por otra parte, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó anoche las reformas al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) donde se establece que sólo el Consejero Jurídico de la Presidencia podrá interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en temas de seguridad nacional.

Así, la Procuraduría General de la República (PGR), de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Banco de México (Banxico) seguirán como sujetos obligados que tendrán que cumplir con las solicitudes de información ciudadanas.

Estas modificaciones contemplan la rendición de cuentas de sindicatos y partidos políticos que reciban dinero público, según se informa en otra nota del diario 24 Horas.

De igual forma, el dictamen aprobado establece que sean un total de siete los comisionados destinados a esta nueva figura en materia de transparencia, en lugar de los cinco actuales.

Asimismo, los actuales comisionados podrían formar parte del nuevo organismo previa solicitud y autorización del Senado de la República dentro de los 10 días siguientes a la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación.

El pleno de los diputados aprobó las modificaciones, por 418 votos a favor, 25 en contra y una abstención.