Para resolver el tema de los límites territoriales, el Congreso del estado deberá analizar cuál de los municipios en conflicto tiene mayor capacidad para brindar los servicios públicos y atención a los habitantes que viven en esta zona, apuntó el síndico de Puebla, Ernesto Bojalil Andrade.

El miércoles los integrantes de la Comisión de Gobernación y la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local anunciaron que iniciarán el procedimiento para establecer los nuevos límites entre los municipios de la zona metropolitana, lo cual fue una de los compromisos que lanzaron al inicio de la legislatura.

En este sentido, Bojalil Andrade señaló que el ayuntamiento de Puebla acatará cualquier resolución que tomen los diputados, pues lo más importante “no es quién cobra más” sino brindar certeza jurídica y fiscal a los habitantes de la zona limítrofe, en especial entre la capital y San Andrés Cholula.

Recordó que los vecinos de la franja en conflicto han sufrido por años la falta de servicios, e incluso por tener que tributar dos veces para evitarse conflictos con las autoridades municipales.

En este sentido, comentó que la solución que brinden los diputados debe tener una visión “ciudadana”, esto es, buscar qué municipio puede brindar mejores servicios a la población.

Añadió que Puebla por su tamaño territorial y su situación financiera, tiene mayor capacidad para atender la zona en disputa, pero que dependerá de los estudios que realicen los legisladores.

Como parte de las pruebas que presentará la representación legal de Puebla ante el legislativo, estará el decreto de 1962, el resolutivo de diciembre de 2012 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y estudios de geodesia y topografía.

Bojalil Andrade añadió que aún cuando las autoridades de San Andrés Cholula presenten algún tipo de resistencia, el tema quedará resulto para diciembre de este año, pues el tema se encuentra detallado en la Ley para la Delimitación Territorial de los Municipios del Estado Libre y Soberano de Puebla.

En esta norma se marca el procedimiento que debe seguir el legislativo y los tiempos fatales para cada una de las etapas, por lo que “ya no hay marcha atrás”, puntualizó.