Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Federal Electoral  (IFE), acordó devolver a la Unidad de Fiscalización, el dictamen que proponía sancionar  con más de 394 millones de pesos a partidos y coaliciones por irregularidades en los gastos de campaña de sus candidatos a presidente, diputados y senadores, en el proceso electoral del 2012.

En sesión extraordinaria, los consejeros electorales coincidieron en la necesidad de que se formule un nuevo dictamen y proyecto de resolución.

 Durante su intervención, y en la que propuso regresar el documento, el consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, destacó que el desarrollo de las instituciones de la democracia mexicana favorece contiendas electorales cada vez más equitativas y que es tiempo de consolidar la rendición de cuentas.

 “Ahora, es tiempo para consolidar la rendición de cuentas y profesionalizar técnica y administrativamente a los partidos políticos, actores principalísimos de nuestra vida democrática. La sofisticación de las estrategias electorales y de financiamiento, no debe ser fundamento para intentar evadir la ley o alterar las contiendas”, precisó.

 Valdés Zurita destacó que desde el punto de vista de los ocho consejeros, el nuevo dictamen debe reflejar cinco criterios.

Entre ellos, puntualizó, aplicar en el caso de los gastos que beneficien a campañas federales y locales los criterios de prorrateo para que se refleje con claridad el espíritu de equidad, así como distribuir de manera igualitaria, entre el número de candidatos beneficiados, los gastos no reportados que beneficien a más de una campaña,  y determinar el origen la naturaleza de algunas erogaciones reportadas para verificar el cumplimiento de la norma.

 Indicó que en el dictamen debe haber claridad en la reclasificación de gastos de la coalición Movimiento Progresista y excluir los recursos reportados por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y turnarlos a la Unidad de Fiscalización para que determine y, en su caso, cuantifique el gasto de campaña no reportado.

 El consejero, Alfredo Figueroa Fernández, se sumó a la propuesta, al argumentar que hay “un error conceptual” en el prorrateo.

  “Lo que ha hecho la Unidad de Fiscalización, de los recursos erogados, en particular en la parte de prorrateo vinculados a la Coalición Parcial Compromiso por México tiene, en mi opinión, un error conceptual que no permite que los documentos que tenemos ante nosotros cumplan con la doble finalidad de servir de parámetro para medir la equidad de las elecciones, celebradas durante el 2011 y 2012, como mecanismo para contabilizar y contrastar los gastos de los distintos candidatos que contendieron para un mismo puesto de elección popular“, señaló.

 El consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, afirmó que se llevó a cabo “el más exhaustivo, subrayo, más exhaustivo análisis, realizado por autoridad electoral en el territorio mexicano”.

 Sin embargo, el representante del PRD ante el IFE, Camerino Márquez, destacó que “regresar el dictamen por tercera ocasión representa un fracaso para la Unidad de fiscalización”.

 Aseguró que llegarán hasta la última instancia para “procurar justicia electoral” y aclarar quienes rebasaron los topes de campaña.

 El representante del PAN ante el Instituto, Rogelio Carbajal, celebró la decisión de regresar este dictamen, porque no hay una claridad en torno de los mecanismos de fiscalización.

 Destacó que tan sólo la coalición Compromiso por México no reportó más de 100 millones de pesos gastados en las campañas del 2012.

 El consejero electoral, Marco Baños Martínez, destacó que la Unidad de Fiscalización ha actuado de forma eficiente con un reglamento revisado por los partidos políticos.

 “No advierto fracaso en la Unidad de Fiscalización, no hay ningún criterio que se aplique de manera diferenciada en lo que se refiere a los gastos de campaña”, afirmó.

 El priísta, José Antonio Hernández Fraguas, confió que cuando se tenga el nuevo dictamen se analice a fondo, y no se posponga nuevamente.

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