El PGR y la SHCP solicitaron a la juez Quinta de Distrito en Procedimientos Penales Federales embargar los bienes del ex gobernador de Tabasco Andrés Granier Melo, para garantizar el perjuicio generado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la evasión fiscal de más de 2 millones de pesos en 2009.

Con base en la Ley General de Víctimas y del Código Federal de Procedimientos Penales, el Ministerio Público de la Federación pidió ayer a la juez que lleva el caso de defraudación fiscal, que se realizara el embargo precautorio.

Cabe destacar que la PGR sólo consignó el expediente de Granier Melo por defraudación fiscal equiparada calificada, por 2 millones 156 mil 489 pesos, esto por la omisión en el pago de impuestos durante el ejercicio fiscal 2009, además, solicitó durante la audiencia que se tomen en cuenta un millón 30 mil pesos, por concepto de multas y recargos de los impuestos no declarados, según una nota del periódico 24 Horas.

El miércoles pasado, Granier Melo subió por primera vez a la rejilla de prácticas del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales para escuchar las imputaciones de la PGR por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita, por un estimado de 35 millones de pesos.

Ayer, el ex gobernador fue llevado a rejilla de prácticas nuevamente, ahora ante la Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Olga Sánchez Contreras, quien le notificó sobre la acusación de la PGR por defraudación fiscal, luego de que, con base a información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores durante el ejercicio fiscal 2009 y como parte de su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), sólo notificó 2 millones 555 mil 207 pesos.

Sin embargo, la PGR informó que durante dicho año fiscal -2009 a 2010- obtuvo más recursos, detectados a través de tres cuentas bancarias, dos del Banco Mercantil del Norte y una de Banamex, que tenían ingresos acumulados por 10 millones 357 mil 979 pesos, los cuales no declaró.

Posteriormente, en mayo pasado, peritos en contabilidad de la Procuraduría Fiscal de la Federación entregaron un dictamen de sus investigaciones por el que se determinó que Granier omitió el pago de impuestos de estos recursos por 2 millones 156 mil 489 pesos.

El Secretario de Acuerdos informó al ex gobernador que era presunto responsable del delito de defraudación fiscal equiparada calificada, delito grave que no alcanza la libertada bajo caución.

Durante la diligencia, el Ministerio Público de la Federación solicitó a la jueza que admitiera la coadyuvancia de abogados de la SHCP como parte de la representación social y ministerial, encabezados por el contador Víctor Manuel Martínez Contreras, petición que fue aceptada.

Granier ya era rico antes de ser gobernador: abogado

El abogado del ex mandatario, Eduardo Luengo Creel alegó durante la audiencia que el agente ministerial ya no estaba en tiempo y forma jurídica para seguir presentado pruebas en contra de su defendido, ya que el expediente de la causa había sido consignado y que será ante la juez Cuarta de Distrito en Procesos Penales Federales, con sede en Tabasco, donde se deberán presentar y analizar dichas pruebas durante el proceso, siempre que su cliente reciba la formal prisión.

"Saben que está prohibido que el Ministerio Público pueda ampliar o aportar pruebas, porque su ejercicio se agota cuando realiza la consignación", dijo el litigante.

El abogado comentó, en entrevista con el diario 24 Horas, que entre otras pruebas, la defensa ofrecerá las declaraciones fiscales y patrimoniales del ex mandatario, en las que se demuestra que era un hombre rico antes de ser gobernador y que cumplió con sus obligaciones ante Hacienda, incluso que sus cuentas bancarias están a su nombre y en bancos mexicanos, por lo que no existió intención de esconder el origen y destino de su fortuna.

Un dato revelador, es que de acuerdo al expediente, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó la orden de aprehensión contra Granier por el delito de peculado, ante el supuesto desvío de recursos públicos federales, pero el juez al considerar que no existían pruebas suficientes, reclasificó el delito y definió que debía acusársele de lavado de dinero por 35 millones de pesos de los que, presuntamente, el ex gobernador no demostró su origen.

Hoy podría definirse el traslado de Granier al penal de Tepepan, ante el riesgo de un infarto, de acuerdo al último dictamen emitido por su médico, quien lo revisó en la celda ayer por la tarde y registró, de nuevo, la presión alta.

El ex gobernador de Aguscalientes no pagó las garantías del amparo

El ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, no pagó las garantías del amparo que le permite enfrentar en libertad el proceso que enfrenta por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y peculado, por lo que la policía ministerial podrá cumplimentar la orden de aprehensión vigente en su contra en cualquier momento.

Empero, en el tiempo en el que se ejecuta dicha orden, el inculpado podrá pagar la garantía y quedaría sin efectos el ordenamiento en su contra. De esta manera, continuaría en libertad, mientras se define el juicio de garantías que promovió en contra de la orden de aprehensión.

De acuerdo con otra nota del diario 24 Horas, el Consejo de la Judicatura Federal informó que incluso podrá acogerse al beneficio de la libertad caucional que le fue concedido y enfrentar su proceso en libertad bajo fianza, "pero siempre y cuando cumpla con todas las medidas de seguridad impuestas por el Juzgado Federal y obedezca las determinaciones de la Juez Penal que sigue su proceso".

Mientras tanto, el proceso penal en su contra por los delitos no graves sigue los tiempos jurídicos y una vez tramitado el juicio de garantías, el Juez de Distrito decidirá si la justicia federal le concede o niega el amparo, aunque podría apelar su revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito.

Como se recordará, el ex gobernador promovió diversos amparos ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes en contra la Juez Segundo Penal, quien liberó la orden de aprehensión en su contra por los delitos ejercicio indebido del servicio público y peculado. Además del auto de formal prisión, dictado el 10 de junio por 13 millones 800 mil pesos, invertidos en la supuesta compra de un tomógrafo por parte del gobierno estatal.

En dichos juicios de garantías, el ex mandatario estatal solicitó y obtuvo la suspensión provisional de la acción penal hasta que se resolviera el juicio de amparo, por el que se le pidió una garantía de 8 millones de pesos, así como otras medidas de seguridad que impidieran que se sustrajera de la acción de la justicia. Entre estas medidas destacan que compareciera ante la Juez Penal para rendir su declaración preparatoria y que firmara periódicamente ante el Juez de Distrito, puntos que cumplió en tiempo y forma.

Pese a que obtuvo la libertad provisional bajo caución, no entregó el importe solicitado de garantía, por lo cual, no llegó a acogerse a ese beneficio.

Al no entregar el dinero de la caución, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes declaró que no se cumplieron en su oportunidad los requisitos impuestos al ex gobernador para permanecer en libertad, y comunicó a las autoridades responsables, quienes podrán privarlo de su libertad para que enfrente el proceso penal en su contra, detenido en un centro de reclusión, informó el Consejo de la Judicatura.

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