Los ex gobernadores de Tabasco, Morelos y Chiapas desviaron recursos por cuatro mil 286 millones de pesos, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El costo de esa corrupción gubernamental representa al presupuesto del seguro Médico Siglo XXI, de las Caravanas de la Salud, así como de los programas de Prevención y atención de VIH/sida y, de Prevención contra la obesidad y de Atención a personas con discapacidad, señaló Jana Palacios, directora de proyectos de competencia y buen gobierno del IMCO.

"Qué alguien se haya metido ese dinero a su bolsa implicó que ciertos programas estatales y federales no se aplicaran, por ejemplo los anteriores", comentó la investigadora durante la presentación del estudio sobre las Auditorías Superiores Locales en México.

"Esos cuatro mil 286 millones de pesos por ningún motivo son el total de los desvíos en las entidades federativas por corrupción, ese es un dato que no se conoce y si se lograra obtener nos haríamos famosas", afirmó según una nota del diario 24 Horas.

Actualmente, en la República Mexicana existen 32 auditorías estatales y una federal encargadas de realizar revisiones a los gastos, iniciar procedimientos contra funcionarios y determinar los daños a la hacienda pública.

La corrupción no se va acabar, pero se le puede ir acotando y achicando los espacios, dijo Jana Palacios.

"Sin embargo, las auditorías en México tienen espacios amplios de discrecionalidad y permite que los gobiernos estatales ejerzan el presupuesto como se les dé la gana".

La fiscalización con limitantes

La directora de proyectos del IMCO recordó que la Auditoría de Tabasco no informa a la opinión pública sobre las áreas de gobierno analizadas ni tampoco da a conocer el resultado final de las revisiones del gasto.

"Las leyes no ayudan a que el proceso de fiscalización a que sea exitoso, porque la decisión final sobre sanciones o funcionarios en ocasiones depende de voluntad política", aseguró Aimee Figueroa, investigadora del Centro de Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara.

Agregó que las auditorías locales no son transparentes, debido a que no publican las sanciones a funcionarios públicos ni el seguimiento a los mismos.

En Chihuahua y Querétaro las Auditorías no pueden determinar responsabilidad de los servidores públicos ni daños a la hacienda pública y en el Distrito Federal los procedimientos de responsabilidad penal sólo se inician a través de la Asamblea Legislativa, dijo Aimee Figueroa.

"En siete entidades federativas, el Congreso es el responsable de iniciar los procedimientos de sanción a los servidores públicos", acotó la también profesora de la Universidad de Guadalajara.

"En 2010, diez auditores superiores en los estados habían trabajado con anterioridad en la Secretaría de Finanzas locales, lo cual puede verse como un conflicto de interés porque no es posible que ellos mismos evalúen los gasto públicos que autorizaron", sentenció Jana Palos.

La investigadora del IMCO expuso que las auditorías superiores no son transparentes ni informan a la ciudadanía sobre los resultados de las auditorías practicadas, además las leyes de fiscalización locales tienen deficiencias.

"Los gobiernos estales se han acostumbrado a hacer mal uso de los recursos públicos, los ciudadanos se escandalizan temporalmente pero no hay consecuencias legales", agregó Palos.

En México, 11 entidades federativas que tienen una desestabilización financiera, ya que sus deudas son mayores a sus ingresos, afirmó por su parte Flavia Rodríguez, directora general de finanzas públicas de aregional.

La investigadora dijo que Coahuila debe cinco veces más de lo que recibe por participaciones federales. Ese estado gobernado por Rubén Moreira también es el de mayor deuda por habitante, ya que cada uno debe 12 mil 800 pesos.

Agregó que Quintana Roo adeuda casi tres veces los recursos que le asigna el gobierno federal, y cada habitante tiene una deuda de siete mil pesos.

Chihuahua, Veracruz, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Distrito Federal, Sonora, Zacatecas y Chiapas son las otras entidades que su compromisos financieros superan sus ingresos, dijo Flavia Rodríguez.

Desde 2009, año de la crisis financiera, las entidades federativas han incurrido en mayor medida al endeudamiento, comentó.

"Esta tendencia continuará si los gobiernos estatales no hacen mayores esfuerzos para incrementar sus ingresos propios y reducir su gasto, principalmente el corriente", dijo la especialista de aregional.

Telegrama de Granier carente de efectos legales

La Procuraduría General de Justicia de Tabasco indicó que el telegrama enviado por el ex gobernador Andrés Granier Melo no tiene efectos jurídicos.

En su cuenta de Twitter (@PGJTabasco) la Procuraduría afirmó: "La PGJ recibió el día de hoy un telegrama presuntamente firmado por el C. Andrés Rafael Granier Melo con el que pretende darse por comparecido formalmente ante esta institución, el cual fue agregado a la indagatoria sin que surta ningún efecto jurídico".

Según una nota del periódico Excélsior, el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, envío esta tarde por telégrafo su declaración a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, informó la oficina de su defensa encabezada por Eduardo Luengo Creel.

De acuerdo con el texto de la declaración que Granier Melo presentó a la procuraduría tabasqueña, se retoman las ideas esenciales de la que presentó ante la Procuraduría General de la República la semana pasada.

La PGJET tiene abierta una averiguación previa en contra de Granier Melo como presunto responsable de un desfalco a las arcas estatales por mil 900 millones de pesos.

Investigan a ex secretaria de Educación en Tabasco

De una regidora del cabildo de Villahermosa, Tabasco, Beatriz Luque Grenne se convirtió en secretaria de Educación en el sexenio de Andrés Granier y una de las colaboradas más cercanas al ex mandatario, quien es indagado por peculado y uso indebido del servicio público.

De acuerdo con una nota del periódico El Universal, la profesora de preescolar, en sólo cuatro años en la administración estatal, logró lo que pocos docentes harían: hacerse de un patrimonio que incluye tres lujosas residencias, dos casas y dos terrenos adquiridos en el mismo año (2010) por una operación comercial de más de 9 millones de pesos.

Inmuebles que se ubican en el exclusivo fraccionamiento Puerta de Hierro, en el fraccionamiento Casa del Árbol etapa tres y lotes en el fraccionamiento San Clemente en Villahermosa, según consta en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad.

En Puerta de Hierro desembolsó 7.2 millones de pesos por tres mansiones que puso a nombre de sus hijos Beatriz Amalia y Jorge Jesús Beraun Luque. Se tratan de inmuebles con 236 metros cuadrados de construcción, con un valor de operación de 2.4 millones de pesos, ubicadas en la calles Robles y Encinos.

Luque Greene, quien dimitió a la Secretaría de Educación a finales de 2011 para buscar una candidatura al Congreso local por el PRI, que perdió, era una de las personas más allegadas a Granier desde que El Químico fue edil del municipio de Centro y ella fungió como una regidora.

Luque Greene realizó su campaña proselitista sin solicitar licencia para dispensar el pago de sus dos plazas como maestra y siguió devengando su sueldo, incluso su aguinaldo, por lo que la administración de Arturo Núñez le inició un procedimiento administrativo para cancelarle sus plazas por violar la norma electoral.

Una de las casas que compró por 2 millones 452 mil 500 pesos se ubica en la calle encinos en el conjunto habitacional Puerta de Hierro, casa uno, manzana cinco, con 362 metros cuadrados, inscrita en el Registro Público de la Propiedad el 25 de marzo de 2010, según escrituras.

Así fueron adquiridas las otras dos residencias, con una diferencias de adquisición de sólo dos meses, en Puerta de Hierro.

Los inmuebles fueron conseguidos para la propiedad Beatriz Luque, pues en las escrituras se establece que los compraba "para los derechos de uso, usufructo y habitación vitalicios".

En su gestión, Luque Greene otorgó doble y triple plazas a sus hijos, sin que tuvieran la carrera de maestros, como es el caso de su hija Amalia Beraun, quien también se desempeñaba como directora de Relaciones Internacionales del Instituto de la Mujer.

El reparto de plazas se dio de manera discrecional, gracias a que durante su gestión se "desapareció" la Comisión Mixta de Escalafón —órgano encargado de prorratear entre los trabajadores del magisterio las plazas— del organigrama de la Secretaría de Educación de Tabasco.

La actual administración halló que en la gestión de Luque se tenía un contrato con la empresa transportadora de valores Cometra por 100 mil pesos mensuales, pero no era para llevar recursos a la dependencia, sino para retirar dinero que presuntamente cobraba por la venta de plazas.