El senador Miguel Barbosa Huerta, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, instó a las autoridades de procuración de justicia para llevar a cabo  las acciones que permitan juzgar los actos de corrupción por los cuales el ex gobernador Andrés Granier y sus colaboradores se encuentran bajo investigación, para evitar su impunidad; y buscar que la sanción que se les aplique contemple la reparación del daño económico cometido en agravio de la sociedad.   

Dijo que en el asunto del desfalco a las finanzas de Tabasco debe llegarse a fondo y sancionar a los responsables, ya que en la mayoría de los casos de corrupción en México se quedan a nivel de escándalo y nunca existe un castigo para quienes los cometieron.

Señaló que la indignación generada sobre el caso del ex gobernador Andrés Granier es de tal envergadura que hoy por hoy ningún actor político, ni de su propio partido, ha salido a defender al ex mandatario ni a sus colaboradores.

El también presidente del Instituto Belisario Domínguez aseguró que el tema del combate a la corrupción merece mucho más que simples declaraciones o deslindes políticos.

“Más allá de la condena, el saqueo a los recursos públicos, la falta de resarcimientos de los mismos y de reparación del daño económico infligido, lastiman a la sociedad mexicana”, sostuvo.

Abundó que en diversas ocasiones no se llega a sentencias condenatorias que permitan la eficaz sanción en contra de los servidores públicos que causaron un daño a las finanzas públicas y a los programas gubernamentales que deben canalizarse a favor de las personas.

El senador poblano recordó el caso de Raúl Salinas de Gortari, donde a pesar del proceso penal al que fue sujeto, no se llevó a cabo la reparación económica del daño que se hizo con recursos públicos.

El coordinador de los senadores del PRD señaló que las autoridades de procuración de justicia tienen las atribuciones para determinar medidas cautelares y asegurar los bienes que pudieran ser resultado de la desviación de recursos públicos, de tal forma que en el momento procesal correspondiente se pueda reparar el daño causado y el dinero se destine a las personas más desprotegidas.

Solicitó recabar a las autoridades judiciales las pruebas legales que permitan un procedimiento apegado a derecho, pues de lo contrario, si existe una mala integración ministerial, el proceso judicial se puede caer en beneficio de los infractores.

El Senador del PRD hizo un llamado para que en este caso se actúe con seriedad, se substancien debidamente los procedimientos, “la reparación del daño es parte fundamental de todo modelo de combate a la corrupción”, añadió.

Reiteró que deben evitarse las historias de procedimientos penales armados a modo, con pruebas mal sustentadas con toda deliberación, dirigidas a “apagar provisionalmente la indignación colectiva”, y que finalmente permiten a los implicados regresar a la vida social.