La suspensión definitiva del proyecto del Libramiento Norte de Puebla, obras que actualmente se mantiene en litigio entre el gobierno de Puebla y la transnacional Obrascón–Huarte–Lain (OHL), exigieron este domingo 27 organizaciones no gubernamentales al gobierno federal durante el Tribunal Permanente de Pueblos.

En la pre-audiencia "carreteras y devastación social y ambiental" celebrada en la Universidad Iberoamericana de Puebla, Susana Cruz Ramírez, coordinadora de la licenciatura en Ciencias Ambientales en la institución, detalló que obras de este tipo causan devastación social y ecológica, mantienen patrones sistemáticos de despojo, prácticas arbitrarias e intereses públicos.

Al leer la declaratoria de los pueblos afectados por proyectados carreteros luego de dos días de mesas de trabajo entre organizaciones como el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ de la Universidad Iberoamericana y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), dijo que de continuar el proyecto se destruirá la forma de vida de las comunidades.

Cruz Ramírez señaló que en 13 proyectos carreteros en los que participan las empresas OHL, ICA, grupo Carso y Alter Consultores se han mantenido hostigamientos y amenazas a los habitantes de las zonas afectadas.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de la Región Malinche denunció que el gobierno de Enrique Peña Nieto sólo ha dado largas a la exigencia que se le ha planteado para que se cancele definitivamente el proyecto del Libramiento Norte.

Procesos expropiatorios de OHL siguen vigentes

Pese a que la administración del gobernador Rafael Moreno Valle ha argumentado que canceló el contrato con OHL por incumplimiento de la empresa, el proyecto y los decretos expropiatorios siguen vigentes, acusó Claudia Rojas Hernández, vocera del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de la Región Malinche.

El decreto del 9 de mayo de 2012 que retiró la concesión del proyecto contiene “numerosas irregularidades” en la concesión otorgada por el gobierno de Mario Marín, aseguró la activista.

“La amenaza sobre nuestro territorio sigue viva. No sólo no se ha decretado la cancelación definitiva del proyecto, sino que, a pesar de que OHL ya no es oficialmente la concesionaria del proyecto, la empresa ha declarado públicamente su interés de negociar con el gobierno de Puebla la concesión o en su defecto una indemnización por más de 650 millones de pesos”.

Afectan a pueblos proyectos carreteros

En la mayoría de los proyectos carreteros que se desarrollan en el país se ubican a constructores que se vuelven concesionarios y mantienen ligas con los gobiernos estatales o el federal, destaca la declaratoria.

Por ello, además de la cancelación del Libramiento Norte, las distintas organizaciones aglutinadas en el Frente de Pueblos afectados por proyectos carreteros, exigieron el fin de la ruta Naucalpan- Toluca otorgada a Autovan S.A.; la autopista Lerma-Tres Marías, incluyendo su ramal Tenango Ixtapa de la sal; el libramiento Sur de Morelia; el Arco Sur del Distrito Federal; y la ampliación de la autopista la Pera-Cuautla.