La Jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal, Gabriela Rodríguez Escobar, negó el sobreseimiento del juicio al exdirector de la Policía Estatal, Marco Antonio Estrada López, y el exjefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Tomás Méndez Lozano, acusados de incurrir presuntamente en el delito de robo de hidrocarburo en su modalidad de sustracción.

En días pasados, este medio informó que los abogados de los probables responsables solicitaron el sobreseimiento del proceso, luego de una investigación en la que recopilaron indicios que acreditan que no hay motivos para enjuiciar a sus clientes, según lo explicó uno de los defensores.

Este lunes se llevó a cabo una audiencia donde la jueza escuchó los argumentos del abogado de los exfuncionarios, quien pedía que el proceso concluyera y sus defendidos fueran liberados de manera inmediata.

Durante una exposición de más de dos horas y media, reconoció que sus clientes sí se encontraban en el lugar donde fueron detenidos la noche del 13 de julio, en el municipio de Tepeaca.

El litigante presentó pruebas para demostrar por qué los imputados estaban en ese sitio y también explicó que la detención ocurrió de manera distinta a la que argumentó el Ejército Mexicano.

Con diversos testimonios, un peritaje, conversaciones en Whatsapp y otros indicios, los abogados intentaron acreditar que los exmandos policiacos estaban en un operativo, en espera de refuerzos para poder retirar una camioneta volcada que momentos antes había sido perseguida por uniformados estatales y cuyos tripulantes se dieron a la fuga.

Con esos mismos medios, trataron de demostrar que los acusados no tuvieron nada que ver con los vehículos con los cuales los vinculó el Ejército, además de que la escena de los hechos y otras evidencias fueron manipuladas por los militares, para relacionarlos con un delito que supuestamente no cometieron.

Los representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de Petróleos Mexicanos (PGR) se opusieron a la petición del sobreseimiento, por lo que la jueza, tras escuchar a ambas partes, admitió que hay versiones diferentes y por lo mismo consideró que el proceso debe continuar.

Rodríguez Escobar argumentó que las pruebas presentadas tendrán que ser desahogadas en la etapa que corresponde, para no darles un valor probatorio antes del juicio oral.