La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que pese a una “búsqueda exhaustiva” en sus registros no se encontró información alguna sobre el expediente, proceso o averiguación previa del crimen contra el universitario y luchador social Gumaro Amaro, ocurrido en 1989.

De acuerdo con la respuesta con el folio 00169416, entregada a este medio, funcionarios no han hallado rastro de documentos del crimen que organizaciones sociales calificaron como una ejecución de Estado.

El 17 de febrero de este año la familia de Gumaro Amaro, durante el aniversario luctuoso, pidió públicamente fuera esclarecida la ejecución de Gumaro ordenada –aseguraron-  por el entonces gobernador Mariano Piña Olaya.

Según recordaron, Gumaro Amaro recibió disparos a quemarropa a unos metros de la puerta de su casa.

Para la Red de Defensa de los Derechos Humanos (Reddh) con su ejecución, el Estado mexicano dio un golpe a la organización ciudadana Unión de Amas de Casa, organización que aglutinaba a más de veinticinco mil colonos, principalmente mujeres, asentadas en los cinturones de miseria de la ciudad, así como  (debilitó) el movimiento estudiantil-popular al interior de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla”.

En 1992, su viuda, María de Lourdes Ayometzi Rojas, fue obligada  a firmar su renuncia como trabajadora de la UAP en la Preparatoria Benito Juárez.

Hasta 2001 fue recontratada en la misma universidad, sin respetarle su antigüedad y asignándola como afanadora en la Facultad de Economía, condición laboral en la que aún se encuentra, a pesar de llevar más de 14 años como trabajadora universitaria  por lo que debió haber sido reasignada a una categoría superior, de acuerdo al tabulador.

“Los asesinatos extrajudiciales, como el de nuestro compañero Gumaro Amaro Ramírez, son tipificados a nivel internacional como crímenes que laceran gravemente a la humanidad, cuya responsabilidad recae en el Estado mexicano, y en particulares que por omisión, comisión o aquiescencia del mismo Estado, cometen estos actos inhumanos”, considera la Red de Defensa de los Derechos Humanos (Reddh).