El Instituto Estatal Electoral (IEE) debe responder por la filtración de las cédulas de apoyo a candidatos independientes a medios de comunicación, dijo Javier Fregoso, presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP).

Luego de que se cumplieran los temores advertidos por candidatos y ciudadanos para llenar el formato de firmas de apoyo a  independientes sin un aviso de privacidad y que nombres y direcciones fueran reproducidos en medios locales,  Fregoso confirmó que los ciudadanos que se sientan afectados tienen derecho a inconformarse y emprender una batalla legal.

“Ellos- los agraviados- deben acudir al IEE para que soliciten una respuesta por el uso de sus datos personales. Hasta entonces la CAIP atendería la inconformidad, si es que existiera”, dijo.

Fregoso reconoció también  la “falta de madurez” para tratar la información sensible y que el titular y responsable de la información no tuviera un aviso de privacidad.

Cuestionado  sobre si la filtración de datos constituye una violación la legislación que protege la vida privada y la intimidad, Fregoso respondió que no podría calificarla como tal hasta en tanto no entrara al análisis del caso.

La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla obliga a oficinas gubernamentales a no hacer públicas las bases de datos de ciudadanos por ningún motivo. El ordenamiento legal contempla como sujetos obligados al Poder Ejecutivo, las dependencias estatales, al Congreso, al Poder Judicial, los tribunales, los ayuntamientos y sus dependencias, así como a los partidos políticos y órganos constituidos como autónomos.

En el caso de las dependencias gubernamentales, la ley establece que deberán crear un “sistema de datos personales” que no podrá ser manipulado ni transferido, además de que deberá ser destruido una vez que la información haya sido utilizada.

La ley de Protección de Datos Personales plantea sanciones para los funcionarios públicos que comentan infracciones, con lo cual podrán ser castigados con una amonestación pública o privada o hasta con 12 años de inhabilitación para el servicio público.