La crisis de derechos humanos que vive el país afecta más a la población femenina, pues además de enfrentar las violencias domésticas, la generalización de los crímenes incide de manera particular en la vida de niñas y mujeres, aseguró Lucía Melgar Palacios, investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México y coordinadora para América Latina de la revista "Con la A".

Durante la conferencia "Crisis de los derechos humanos, violencia de género y acción ciudadana", que impartió en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la académica comparó las cifras de las 27 mil personas desaparecidas y los 50 mil asesinatos dolosos  documentados en lo que va del sexenio, con lo vivido en Argentina durante la época de la dictadura.

La resistencia se ha feminizado en un país que vive la necropolítica o política de muerte, dijo también Melgar Palacios.

"La presencia del crimen organizado y la militarización han sido devastadores para las mujeres en la frontera norte; la violencia sexual contra migrantes ha expuesto también la situación en el sur del país", acusó.

La especialista dijo que el saldo de esta violencia también ha traído resistencia. “En la precariedad se cuestiona la imposición a la sumisión y al olvido; las mujeres han opuesto su palabra y su cuerpo para exigir que el gobierno de nadie responda ante el horror de estos crímenes y por el rescate de la memoria de las víctimas”.

Destacó los nombres de Norma Andrade, Marisela Ortíz y Paula Flores quienes fundaron organizaciones como Nuestras hijas de regreso a casa o Voces sin Eco. “Paula Flores dedicó al menos 12 años en investigar el asesinato de su hija Sagrario, desaparecida en 1998. Pese a la indiferencia y hostilidad de autoridades logró ubicar al hombre que se llevó a su hija hasta sus captores y tuvo que obligar a la policía a arrestarlo”, narró.

Pero para Paula, dijo,  el caso de su hija no está resuelto porque no se investigó la identidad de los autores intelectuales y materiales del feminicidio. "Sigue buscando justicia. El año pasado impulsó pintas monumentales de rostros de 185 mujeres asesinadas, como una forma de ocupar el espacio público y advertir a otras mujeres que los asesinatos y desapariciones continúan”.

El recurso a la justicia internacional en el caso Campo Algodonero --el predio donde se encontraron en noviembre de 2001 ocho cuerpos de adolescentes y mujeres desaparecidas en distintas fechas-- fue descrito también como una estrategia de resistencia femenina valiosa.

Explicó que madres y hermanas de las víctimas agotaron instancias nacionales y llegaron a la Corte Interamericana, cuya sentencia es el documento más acabado sobre la responsabilidad del Estado por la impunidad del asesinato de las mujeres. La recomendación que exigía la reparación del daño, garantía de no repetición y sanción a funcionarios,  aunque no ha sido cumplida marca toda la ruta jurídica, subrayó.

También recordó a Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, asesinada por su marido, quien hizo pasar el crimen como suicidio. Irinea se ha convertido en un ícono de resistencia. Pasó cinco años a las puertas de la Procuraduría del Estado de México buscando justicia, hasta que colectivos y organizaciones de mujeres la acompañaron a recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para obtener un amparo contra la determinación de un juez de dar por cerrado el "suicidio" de su hija.

El año pasado la Corte dio la razón a Irinea y emitió una sentencia que obliga a investigar toda muerte violenta de mujer como un feminicidio. Aunque el caso de Mariana no se ha resuelto, el fallo beneficia potencialmente a miles de familiares de mujeres asesinadas en el país.

Lucía Melgar sostuvo que el país entero vive un drama y han sido las mujeres quienes lo han enfrentado mayoritariamente, dando muestras de colectividad, participación articulada y compleja que van visibilizando y al mismo tiempo, desarticulando los mecanismos de violencia extrema en el país.