El Gasoducto Morelos registra ya un retraso de dos años y medio en el inicio de sus operaciones, debido a problemas con la liberación de los derechos de vía para colocar la tubería, que atraviesa 11 municipios de Puebla y otras comunidades de Tlaxcala y Morelos.

Así lo concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en noviembre pasado al revisar la aplicación de un crédito por 1 mil 71 millones de pesos que el Banco Nacional de Obras (Banobras) entregó a la Comisión Federal de Electricidad para este proyecto.

La ejecución de los trabajos está a cargo de las empresas españolas Elecnor, Abengoa, Enegás y Bonatti, que hasta abril de 2014 habían invertido en las obras 3 mil 510 millones de pesos y el crédito liberado por Banobras se destinó a cubrir un porcentaje de esta inversión.

Los municipios poblanos por donde cruza el gasoducto son: Huejotzingo, San Pedro Cholula, San Jerónimo Tecuanipan, San Gregorio Atzompa, Ocoyucan, Atlixco, Huaquechula, Atzitzihuacan, Acteopan, Nealtican y Cohuecan, que en conjunto concentran una población de 407 mil personas.

De acuerdo con el informe, el inicio de operaciones del Gasoducto Morelos estaba previsto para el primero de junio de 2013, por lo que “el proyecto presenta un atraso de 2 años (y ocho meses) en el inicio de operaciones comerciales, debido a problemas en la liberación de derechos de vía que limitan la construcción del gasoducto”, se cita en el reporte.

El 23 de junio de 2015 el residente de obra del Gasoducto Morelos giró los oficios XL000/0320/2015 y 7B/2015/MAOS/000391 a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los que dio cuenta de un conflicto social provocado por la explosión del oleoducto de Petróleos Mexicanos (PEMEX) el 19 de diciembre de 2010 en el municipio de San Martín Texmelucan, que a su vez originó un “fuerte rechazo al proyecto”.

Por ello, dice el informe, se realizaron reuniones con vecinos, autoridades ejidales y de comunidades municipales y de los estados con objeto de informar acerca de los alcances y aclarar dudas de seguridad; también se implementaron programas de difusión en medios de comunicación y se ejecutó el programa de obras sociales.

En cuanto a la irregularidad de la tenencia de la tierra, se instauraron asesorías a ejidatarios para efectuar los trámites y dar seguimiento a su regularización.

Por otra parte, mediante los oficios 7B/2015/MAOS-000520 y 7B/2015/MAOS-000557 del 25 de agosto y 14 de septiembre de 2015, respectivamente, la entidad fiscalizada remitió dos notas informativas en las que se indicó que está pendiente la regularización de 12 predios de un total de 2 mil 602, de los que “se está en negociaciones” con los propietarios de 4 inmuebles y de los 8 restantes se inició la integración de expedientes para el proceso de expropiación conjuntamente con el gobierno del estado de Tlaxcala.  

En ese sentido, la CFE indicó al máximo órgano de fiscalización del país que la fecha estimada del inicio de operaciones del gasoducto era el 30 de diciembre de 2015, pero ello no ha ocurrido.

El crédito liberado por Banobras para la construcción de la línea de gas natural ascendió a 1 mil 71 millones de pesos. El proyecto se ejecuta a través de un esquema de Asociación Público Privada (APP) –que permite la participación de capital privado en obra pública-.