La Secretaría de la Defensa Nacional habría incurrido en irregularidades en la compra del avión presidencial, pues no justificó que el Boeing 787 Dreamliner hubiera sido la mejor opción.

La Auditoría Superior de la Federación indica que otra anomalía es que el avión no cuenta con refacciones a bordo, lo cual genera un gasto extra de 334 mil pesos.

“La entidad fiscalizada informó que está pendiente la entrega por parte del proveedor de la partida núm.15 con valor de 20.4 miles de dólares correspondiente al equipo de refacciones a bordo equivalente a 334.4 miles de pesos al tipo de cambio de 16.3762 pesos del día 5 de agosto de 2015”, indica la Auditoría en su informe sobre la cuenta pública 2014.

De acuerdo con la dependencia, el retraso en la entrega del avión deberá ser penalizado, pues no se cumplió con la fecha que estipula el contrato.

“Para la entrega de la aeronave de transporte estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor, y el equipo de refacciones a bordo, se estipuló contractualmente que sería aceptada técnicamente y entregada en las instalaciones del proveedor ubicadas en Charleston, Carolina del Sur  para su traslado a México el 30 de junio de 2014”.

“Sin embargo, dicho bien no se entregó sino hasta el 8 de octubre de 2014, es decir, 99 días naturales posteriores a la fecha pactada, lo cual constituye una penalización del 10 por ciento del monto total del contrato que asciende a un importe de 12 millones 734.9 miles de dólares equivalente a 166 millones 503.5 miles de pesos en la citada entrega”, dice la Auditoría.

El 8 de octubre el nuevo avión presidencial llegó a la Base Aérea Militar Número 1, pero sólo estuvo 5 horas. La oficina de la Presidencia explicó que se trató de un vuelo de prueba para un trámite administrativo.

Indicó que el Boeing 787 Dreamliner sería entregado en septiembre de 2015, pero a compañía no cumplió.

La Secretaría de la Defensa, elaboró un acta de incumplimiento por un millón 273 mil pesos, correspondiente a dos días de atraso, pero no previó que el monto aumentaría.

Posteriormente, el 20 de septiembre la Sedena elaboró una segunda acta de incumplimiento, esta vez  por 12 millones 734 mil dólares, debido a los 82 días de atraso.

El subdirector de Adquisiciones de la Sedena instruyó a Banobras para iniciar el trámite de penalización, pero no se proporcionó evidencia del pago.

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