- Gobierno
Extinguen fideicomisos públicos en el actual sexenio
Al menos cuatro de los 11 fideicomisos que aparecen en los registros electrónicos de la Autoría Superior del Estado (ASE) ya desaparecieron, entre ellos el denominado para la Administración de Inmuebles y Ejecución de Obras Públicas en la Reserva Territorial Atlixcáyotl – Quetzalcóatl.
Cabe señalar que este martes, el gobierno del estado confirmó que contrató a la firma Evercore-Protego para administrar un fideicomiso al que se destinen los recursos del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) y que funcione como un mecanismo de pago del Museo Internacional Barroco (MIB) y del Centro Integral de Servicios (CIS).
Los fideicomisos parten de contratos en los que la autoridad afecta fondos públicos o transmite la titularidad de bienes a una institución fiduciaria, a fin de realizar un proyecto de interés público.
De las entidades que aún son públicas y sujetas de revisión en la entidad, según la página de internet del órgano de fiscalización, se hace referencia a la extinción del Fideicomiso de Administración e Inversión para el Desarrollo Urbano del Municipio de Puebla, entidad que tuvo como titular a Enrique Doger Guerrero, exalcalde de la capital.
Además durante el sexenio de Rafael Moreno Valle se suprimió el fideicomiso para la Administración de Inmuebles y Ejecución de Obras Públicas en la Reserva Territorial Atlixcáyotl – Quetzalcóatl, el cual estuvo a cargo del expanista Pedro Plaza Montaño, y desde febrero de 2012 pasó a formar parte de la Dirección de Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas.
Aunque el gobierno no extinguió el fideicomiso para el Impulso a la Innovación y Desarrollo Artesanal del Estado de Puebla, la entidad paraestatal no cuenta con una partida presupuestal para este año.
Su extitular fue Luz María Yvon Gutiérrez Vázquez, quien dejó la titularidad del organismo para participar en el proceso de selección y designación de consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE).
Otros fideicomisos que también desaparecieron, pero no durante la administración del panista son del Paseo de San Francisco y el del Programa de Sustitución y Modernización de Unidades de Transporte Público de Pasajeros para el Estado de Puebla.
Conservan La Célula y aprueban cuentas de morenovallistas
A pesar de las descalificaciones hechas al proyecto de la "La Célula", emprendido en la administración del priísta Mario Marín Torres (2005-2011), la actual administración conservó el fideicomiso para dicha entidad.
Al inicio del sexenio, la responsabilidad del fideicomiso público "La Célula" recayó en Dalhel Lara Gómez, actual secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, órgano del que es integrante desde noviembre de 2012.
Mario Rincón González, actual secretario de Gobernación Municipal, tuvo bajo su responsabilidad de julio de 2012 al 5 de abril de 2013 el fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública.
El Congreso del Estado aprobó el uso de los recursos públicos que estuvieron a cargo del exintegrante del gabinete morenovallista.
Conservan el PEC y Fondo Mixto Conacyt
Creados desde el 2004, el gobierno de Moreno Valle conservó a los fideicomisos: Pronabes, Programa Escuelas de Calidad (PEC) y el Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Puebla.
Ambas entidades paraestatales han tenido como titular a Sergio Rubén Máximo Romero Jiménez, a quien la ASE, la Comisión Inspectora y el pleno del Congreso le han validado sus estados financieros.
De acuerdo con los archivos electrónicos de la ASE, Romero Jiménez aparece como el secretario administrativo del Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Puebla y los legisladores le validaron sus ejercicios fiscales de los años 2011, 2012 y 2013.
Como titular del Programa Escuelas de Calidad, el funcionario estatal tiene aprobada la cuenta pública del periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2013.
Conforman Banco Estatal de la Tierra
En 2012, la administración estatal creó el fideicomiso público "Banco Estatal de Tierra", cuyo fin era generar un portafolio de reservas territoriales para el desarrollo urbano sustentable.
En 2015 y 2016, al proyecto morenovallista se le etiquetaron recursos por 17 y 16.9 millones de pesos, cifras reportadas en las leyes de egresos.
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