Para los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, no es posible comprobar el cumplimiento de los once puntos recomendatorios que estableció la CNDH sobre las agresiones que sufrieron en 2014, sobretodo en la parte de disculpas públicas, lareparación integral del daño y la implementación de protocolos para la resolución pacífica de conflictos sociales.

La recomendación 2VG/2014 se emitió por el desalojo violento de manifestantes de la autopista Puebla-Atlixco el 9 de julio de 2014, donde el menor José Luis Alberto Tlehuatlie Tamayo resultó herido de muerte, esto cuando una lata de gas lacrimógeno lanzada por la policía estatal perforó su cráneo.

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos la recomendación 2VG/2014 fue aceptada por el gobierno del estado, pero su nivel de cumplimiento es “parcial", pues está pendiente la reparación del daño a Elia Tamayo, madre del menor fallecido; hay dudas con respecto a las disculpas públicas y la investigación sobre la responsabilidad de los hechos no ha concluido.

No hay cumplimiento

Mediante un escrito elaborado por los abogados Arturo Rivera Pineda, representante legal de Elia Tamayo Montes, e Hilario Gallegos Gómez, vocero del centro de derechos humanos “José Luis Alberto Tlehuatlie Tamayo”, se indicó que desde la perspectiva de las víctimas y de los pobladores de Chalchihuapan no hay cumplimiento a uno sólo de los puntos de la recomendación.

En primer lugar expusieron que se desconoce lo sucedido con quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, Facundo Rosas Rosas, toda vez que al parecer se le inició un procedimiento administrativo y se le aplicó una multa, aunque se amparó para no recibir la sanción.

También indicaron que no existe forma de probar si se han implementado mecanismos efectivos para la atención de los requerimientos que privilegien el diálogo y el respeto de los derechos humanos, puesto que después de los hechos del 9 de julio hubo más actos represivos en la comunidad el 18 de octubre y en otros municipios, como Cholula, con el arresto de los activistas Adán y Paul Xicale.

De igual forma no se puede corroborar si efectivamente se dieron equipos de videograbación y audio a los policías municipales, así como que los órganos de control interno hayan iniciado una queja contra los agentes involucrados en el operativo.

Piden sanción penal

Los representantes legales de la madre de José Luis, la principal víctima de violaciones a derechos humanos del 9 de julio, pidieron quepara el cumplimiento cabal de la recomendación 2VG/2014 se inicie un procedimiento penal contra Facundo Rosas por el operativo que derivó en la muerte de José Luis, de 13 años de edad.

Así como se libere de manera total a los pobladores acusados de participar en la gresca y al edil de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, pues no tuvieron participación alguna y debido a que los seis policías detenidos por los hechos ya fueron liberados.

De igual forma, como parte de la reparación del daño a Elia, la única de las víctimas que no aceptó la compensación, piden que se le brinde un apoyo integral y se nombre al Hospital del Niño Poblano como "José Luis Alberto Tlehuatlie Tamayo", además de una cantidad económica suficiente para cubrir los daños a toda la familia del menor.

Que se fije un nuevo evento para las disculpas públicas, de manera coordinada con los habitantes, y que haya un verdadero compromiso de no repetición.

Desconfianza es fundada

Con respecto a la declaración de la Fiscalía Especializada para el esclarecimiento de los hechos del caso Chalchihuapan sobre que las investigaciones no avanzan por la “falta de confianza de los pobladores", los abogados apuntaron a que la desconfianza es fundada.

Esto debido a que el 18 de octubre de 2014 policías ministeriales se llevaron con lujo de violencia y agrediendo a las familias de varios pobladores, quienes salieron de prisión gracias a que ganaron amparos.

Los detenidos en ese momento fueron: Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Fausto Montiel García, Vicente Juárez Varela y Álvaro García Xelhua.

Además en noviembre de 2014 se arrestó a Javier Montes, edil de la comunidad y líder de la Coordinadora Estatal de Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP), organización de presidentes auxiliares contra la reforma a la Ley Orgánica Municipal.