El cumplimiento a la recomendación de la CNDH por el desalojo policiaco en Chalchihuapan del 9 de julio de 2014 aún está pendiente porque Elia Tamayo Montes, madre del niño que falleció, se ha negado a recibir la reparación del daño y por las dudas existentes sobre el ofrecimiento de disculpas públicas, según consta en un informe del organismo revisado por e-consulta.

Además la Fiscalía Especializada para el esclarecimiento de los hechos de este caso indicó que las averiguaciones previas no han podido avanzar "por la falta de confianza de los pobladores", mientras que los cuatro policías involucrados en la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, fueron liberados cinco meses después de los hechos.

Es importante recordar que el 11 de septiembre de 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 2VG/2014 contra el gobierno poblano, por el desalojo violento de manifestantes de la autopista Puebla-Atlixco, donde el menor de edad José Luis Alberto fue herido de muerte por una lata de gas lacrimógeno lanzada por la policía estatal.

Otros 14 pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, Santa Isabel Cholula y Atzompa también resultaron con lesiones graves, comoHugo Jiménez que estuvo a punto de perder un ojo y José Martín Romero, quien tuvo múltiples fracturas de mandíbula.

Los pobladores cerraron la vialidad para inconformarse con la reforma a Ley Orgánica Municipal, que quitaba atribuciones a las juntas auxiliares para el manejo del registro civil en las comunidades, así como jueces de paz y ministerio público adjunto.

Incumplen reparación

De acuerdo con el seguimiento de la Sexta Visitaduría General de la CNDH a la recomendación 2VG/2014 actualizado al cierre de 2015,el gobierno del estado ha entregado cinco cheques de caja por concepto de reparación del daño y dado a siete víctimas diversas cantidades económicas, como parte de la solicitud hecha por el organismo para la reparación del daño.

Sin embargo la madre de José Luis Alberto no ha aceptado recurso alguno, aunque el resto de víctimas no se ha mostrado inconforme con la atención médica y sicológica, así como con los recursos que se les dieron.

No se detalla el monto que se otorgó a cada una de las víctimas, debido "al ambiente conflictivo que prevalecía en la población, se mostraron renuentes a tener acercamiento con cualquier autoridad, más tratándose de los hechos suscitados el 9 de julio de 2014, por ello no se tuvo la oportunidad de tener contacto con las víctimas y sus familiares, que permitieran contar con la información necesaria paraestablecer los montos de cada concepto respectivo".

Se destaca que "en relación con el punto tercero recomendatorio se informó que de las personas reconocidas como víctimas, según la Recomendación 2VG, sólo una no ha aceptado el pago por concepto de reparación del daño".

De acuerdo con el abogado y defensor de derechos humanos, Simón Hernández León, no se puede dar por cumplida la recomendación si la madre del niño que falleció no se da por satisfecha con la reparación del daño, además de que puede haber responsabilidades penales y administrativas para el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y los funcionarios involucrados con el desalojo violento.

Dudas sobre disculpas

En cuanto al punto seis de la recomendación, referente a las disculpas públicas por los agravios generados por los funcionarios públicos, se menciona que la Fiscalía General Jurídica, dependiente de la ExProcuraduría General de Justicia, fue la encarga de hacer llegar las invitaciones a los habitantes para el evento de las disculpas públicas.

Para ello se instaló una mesa con para el registro de asistentes, pero "a solicitud de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, evitó cualquier acto de molestia o intimidación, por lo que no se insistió a ningún asistente a registrar sus datos", por lo cual no se puede comprobar que los presentes en el acto sean pobladores de Chalchihuapan.

Por ello "solicita que se genere una reunión de trabajo en la que se puedan discutir algunos aspectos de la planeación y organización del evento de disculpa pública".

Cabe mencionar que Elia Tamayo y sus representantes legales han dado a conocer en múltiples ocasiones que la invitación para el evento de disculpas se les hizo llegar el mismo día, el 17 de octubre de 2014, por lo cual ante la premura y falta de sensibilidad para que se hiciera en el pueblo, decidieron no acudir.

No avanza investigación

Otro de los puntos recomendatorios que está pendiente es la investigación "transparente, objetiva e imparcial" sobre los hechosocurridos el 9 de julio. En ese sentido la Fiscalía Especial informó que se detuvieron tanto a pobladores como policías estatales, sin embargo se sobreseyó el amparo de los habitantes asegurados el 18 de octubre -un día después de las disculpas públicas- contra la orden de aprehensión.

Los pobladores son acusados de tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, motín y ataques a las vías de comunicación, aunque sus familiares y abogados alegan que las personas a las que busca la autoridad no son las mismas que quienes fueron detenidos.

En tanto del lado de los funcionarios, los policías involucrados por la muerte de José Luis Alberto salieron de la cárcel cinco meses después, debido a que "se resolvió modificar la modalidad del delito de homicidio simple a homicidio culposo".

Además las indagatorias no representan un avance, dado que se necesitan practicar diligencias en el lugar de los hechos y recabar el testimonio de más personas, "lo cual hasta el momento no ha sido posible concretar totalmente, ya que la población continúa reacia a colaborar con la Fiscalía Especial, no obstante que se han realizado reuniones de trabajo y de sensibilización con los líderes de la comunidad".

Cumplimiento a medias

Hasta el 1 de abril de 2015 se tomaron 57 declaraciones a 29 de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, 27 de testigos y una víctima, además de 59 pruebas periciales, 71 informes y documentales, así como 73 actuaciones ministeriales sobre este caso, informó el organismo.

De igual forma faltarían pruebas en materia de balística para determinar si hubo o no uso de las llamadas "balas de goma", para ello se pidió la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En total, de los 11 puntos recomendatorios la CNDH ha corroborado el cumplimiento de seis, por lo cual quedarían pendientes cinco de ellos.

Ante esta situación, el nivel de cumplimiento de la recomendación 2VG/2014 es que fue "Aceptada” por el gobierno de Puebla, pero sólo hay “pruebas de cumplimiento parcial".