El Congreso del Estado no ha presentado una iniciativa para armonizar la Ley de Transparencia local con la Ley General, a poco más de tres meses para que venza el plazo para hacer la respectiva reforma, denunció el Nodo de Transparencia de Puebla.

El 5 de mayo vence el plazo para que el Legislativo apruebe las reformas a la Ley de Transparencia. A la fecha, sólo seis estados -Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Oaxaca, Querétaro y Tabasco- aprobaron una ley y dos de ellas fueron impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) debido a que atentan contra el derecho al acceso a la información.

Durante una rueda de prensa Rafael Hernández García Cano, integrante del Nodo de Transparencia, apuntó que lo grave de la situación en el estado es que no hay siquiera una iniciativa en discusión, por lo cual existe la posibilidad de que con el proceso electoral se trabaje una propuesta de manera "apresurada" y "descuidada".

Advirtió además del riesgo de que la reforma poblana sea impugnada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El Nodo de Transparencia recordó que el 19 de noviembre de 2015 se entregó al Congreso local un diagnóstico donde se tocan 34 temas a considerar para la armonización, de tal forma que la normativa local se ajuste a la reforma general aprobada en 2015.

Bloquean información

Hernández García Cano, también académico de la Universidad Iberoamericana de Puebla (UIA), señaló que tanto los sujetos obligados como el órgano garante -Comisión de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (CAIP)- cometen irregularidades que bloquean el acceso a la información.

Entre estas señaló prácticas dilatorias para la entrega de la información, como puede ser la ratificación del recurso de revisión de manera presencial para quienes viven en la ciudad de Puebla y a través de un documento escaneado para los ciudadanos que habitan en otro municipio.

También está la consulta de la información de manera personal, para lo cual primero se tiene que agendar una cita con el sujeto obligado -a veces no se responde la llamada o se cancelan las citas- y después acudir a la cita, donde no dejan tomar fotografía o video.

Para Rafael Hernández estas son algunas de las acciones que utilizan los sujetos obligados, principalmente el Ejecutivo, para obstaculizar el acceso a la información.

La organización internacional Artículo 19, en su informe titulado "Transparencia, la deuda de Moreno Valle", apuntó que en Puebla abundan las malas prácticas para no revelar información pública entre las que destacó la diferenciación del proceso de acceso, de acuerdo con la calidad de los usuarios; el cambio de modalidad de entrega sin causa justificada; la declaratoria de inexistencia de información (notoriamente existente); la negativa de otorgar citas para el acceso directo a los documentos, y la cooptación del organismo garante.

Puntos a considerar

El Nodo de Transparencia pidió que en la nueva normativa estatal se eliminen las malas prácticas antes mencionadas y que  se incluyan temas ya incluidos en la Ley General de Transparencia, como transparentar los fideicomisos y fondos públicos, incluir a los sindicatos, organizaciones civiles, personas físicas o morales que reciban recursos públicos o emitan actos de autoridad, como sujetos obligados.

De igual forma, demandan establecer la prohibición de reserva en caso de violación a derechos humanos y casos de corrupción; incorporar la obligación de publicar la lista de expedientes clasificados, y prohibir la generación de acuerdos de carácter general que clasifiquen documentos.

También incorporar la prueba de daño, es decir, que el sujeto obligado deberá aportar elementos que prueben la actualización del supuesto legal que permite la reserva, además de que se garantice que la información esta sea accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, y garantizar que el acceso a la información se dará en la modalidad de entrega elegida por el solicitante.