Del 27 de octubre al 27 de noviembre se cometieron en la entidad 174 asesinatos, la mayoría cometidos por los cárteles de la droga Guerreros Unidos, La familia michoacana, Los Templarios, Los Rojos y Los Ardillos, entre otros, que se disputan las plazas.

Durante la toma de posesión de Héctor Astudillo Flores, el 27 de octubre, los gobiernos federal y estatal pusieron en marcha un nuevo operativo en la novena Región Militar de Acapulco, al mando de Alejandro Saavedra Hernández.

Sin embargo, eso no desalentó el crimen: el 26 de noviembre fueron ultimados cuatro integrantes de la Casa de Justicia La Patria es Primero, con sede en Tixtla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (Crac-PC), presuntamente por Los Ardillos –que operan en ese municipio y en Quechultenango, Chilapa y Zitlala.

Ese día fue retirado el retén que los policías estatales mantenían en El Molinito, a unos tres kilómetros de Tixtla. Versiones señalan que por ese lugar pasaron parte de las camionetas con civiles armados que participaron en el homicidio de los policías comunitarios.

El secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, afirmó que la muerte de los comunitarios fue por rencillas entre los grupos de la delincuencia organizada, lo cual fue desmentido por la Casa de Justicia la Patria es Primero.

El 25 de noviembre, un día antes del crimen, el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, y el coordinador de la zona centro de la fuerza estatal, Tomás Hernández Martínez, fueron acusados en las redes sociales de proteger a los grupos delincuenciales, incluidos Los Ardillos.

La violencia continuó ese mes: el 27 fueron ultimadas cinco personas en Acapulco; el 28 dos miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado, cerca del Valle del Ocotito, municipio de Acapulco, el 29 tres en Acapulco. Este día, hombres armados mataron a dos e hirieron a una mujer tras visitar a sus familiares presos en el penal de Chilpancingo.

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