El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar el artículo 41 del Coipeep sobre las coaliciones de partidos, sí es un revés para el Congreso del estado, reconoció el diputado Carlos Martínez Amador.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política precisó que la LIX Legislatura respeta la determinación que el martes aprobaron los ministros,  por lo que tendrán que acatar que los partidos políticos nacionales que por primera vez participen en la elección de 2016 tengan la posibilidad de formar una coalición.

“A nadie le gusta, pero creo que tenemos que ser respetuosos de la institución y acatarla como tal (…) fuimos claro que íbamos a ser institucionales, que lo íbamos a reconocer si en algo estábamos equivocados, lo vamos a acatar y no pasa nada”.

Sobre el análisis que la SCJN hará este jueves de la sobrerregulación a las candidaturas independientes, Martínez Amador manifestó que lo ideal sería que los artículos se “preserven” tal como se aprobaron el 22 de agosto, pero aceptó que hay versiones periodísticas que apuntan a que el Congreso tendrá que hacer cambios.

Este martes los ministros del máximo tribunal señalaron que los legisladores locales se excedieron en sus atribuciones al no permitir que los partidos políticos nacionales puedan registrar una coalición en la primera elección local en la que participen.

Lo anterior se estableció en el artículo 41, párrafos primero y tercero del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (Coipeep).

Sin embargo el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) impugnó esa determinación, ya que le afecta en caso de que quiera aliarse con algún instituto para los comicios de 2016.

Este jueves, la SCJN continuará el análisis de las acciones de inconstitucionalidad que presentaron Movimiento Ciudadano (MC), Morena y el PRI en contra de la reforma electoral.

Dentro de los temas que los ministros dejaron pendientes están los requisitos para ser candidatos independientes, el plazo para recabar el apoyo ciudadano, los porcentajes de respaldo, la permanencia del secretario ejecutivo del órgano electoral y el reparto de la primera mayoría en diputaciones.