El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) propuso que el Senado de la República haga un llamado al director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, para contratar especialistas externos, capacitados y calificados, con el propósito de combatir el delito de robo de combustibles, tanto dentro como fuera de la empresa.

A través de un punto de acuerdo que fue turnado a la Comisión de Energía del Senado de la República, los legisladores señalan que Pemex cuenta con un diagnóstico de la forma en que opera el robo de combustibles y su venta ilegal.

En el texto y con información de Pemex, detallan en el año 2013 los estados con mayor número de reportes de tomas clandestinas fueron Tamaulipas con 539; Veracruz con 240; Jalisco con 230; Sinaloa con 220; Puebla con 211; Estado de México con 200, Guanajuato con 165; Nuevo León con 140 y Tabasco con 120.

Exponen que, de acuerdo con Pemex, la logística del robo de combustible opera de dos formas: la primera es en los ductos de la empresa productiva del Estado y la segunda es mediante el robo de pipas. Mencionaron que para llevar a cabo el robo se requiere de gente capacitada y bien enterada de la operación de los ductos.

Explican que el combustible se surte a diferentes horas y, previo a cada evento, se pasa agua por el tubo, por lo que se presume la participación de personal especializado, con vínculos con la delincuencia organizada como informantes clave, quienes reportan la hora en que pasa el combustible.

En el texto, advierten que en promedio cada dos horas se perforan ductos para extraer combustible de manera ilegal, y que la distancia entre cada toma clandestina es de 3.5 kilómetros, a lo largo de 14 mil kilómetros de red de tubos de Pemex Refinación.

Detallan que, a nivel nacional, durante el año 2010 se contabilizaron 691 tomas clandestinas; para 2012 la cifra se incrementó más de cien por ciento con mil 635 tomas; para 2013 ya había dos mil 162 tomas y para el cierre del año 2014 se reportaban cuatro mil 127 tomas clandestinas.

Los legisladores señalan que para el año 2013, de acuerdo con cifras del estudio “Robo de hidrocarburos en México” del Instituto Belisario Domínguez del Senado, se consideró que el robo de combustible ocasionó pérdidas económicas superiores al presupuesto asignado a la Secretaría de Energía, y mayor en 60 millones de pesos al presupuesto de la Cámara de Diputados.

Indicaron que, según las cifras proporcionadas por el director de Pemex en la glosa del Informe de Gobierno ante la Cámara de Diputados, durante los primeros ocho meses de 2014, el robo a la empresa productiva implicó una pérdida de 7.5 millones de barriles, equivalentes a 15 mil 300 millones de pesos, que representan aproximadamente el 4.4 por ciento de las ventas totales de gasolinas tipo Magna y Premium.

Ante el crecimiento exponencial, enfatizaron, queda de manifestó la ineficiencia de las medidas adoptadas por la propia empresa e incluso del fracaso en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico, establecido por el actual gobierno.

Subrayaron que el delito de robo de combustible genera un alto riesgo para la seguridad de poblados y municipios, y contribuye de manera importante a las finanzas del crimen organizado, y lo seguirá haciendo en tanto no se combata de manera eficiente.