Diputados federales del PRI formularon un punto de acuerdo para que la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) tome el caso del edil preso de Canoa, Raúl Pérez Velázquez, ya que a pesar de ganar un nuevo amparo este 19 de octubre para echar abajo las acusaciones en su contra por peculado, se le podría imputar un nuevo delito.

En un documento firmado por Víctor Manuel Giorgana, Carlos Barragán, Lorenzo Rivera, Xitlalic Ceja, Alejandro Armenta, Graciela Palomares, Juan Manuel Celis, Jorge Estefan, Edith Villa y Hersilia Córdova, se solicita también a la Procuraduría General de la República (PGR) que inicie las averiguaciones por los posibles actos de autoridad que impiden la liberación del presidente auxiliar.

Raúl Pérez fue arrestado el 31 de octubre de 2014 después de acudir a realizar un trámite a oficinas del ayuntamiento de Puebla, sin embargo días antes interpuso un amparo contra la reforma a la Ley Orgánica Municipal que quitó atribuciones a las juntas auxiliares.

Gana amparo

En el posicionamiento de la bancada priísta se menciona que el edil adjunto tiene tres procesos penales en contra: el 441/2014, por el robo de un celular y abuso de autoridad; el 498/2014, por lesiones y abuso de autoridad, y el 484/2014, por el delito de peculado.

Es sobre el último delito que no se le otorga el beneficio de la fianza. Ante esta situación sus representantes legales promovieron el amparo 135/2015, donde el Juzgado Sexto de Distrito lo concedió y ordenó el auto de formal libertad.

Sin embargo el Ministerio Público, adscrito al Juzgado Primero de lo Penal, interpuso el recurso de revisión D-262/2015 pero el tribunal colegiado confirmó el auto de formal libertad.

Este lunes 19 de octubre se notificó al Juzgado Primero de lo penal liberar en un lapso de tres días a Raúl Pérez Velázquez.

Aunque custodios del penal de San Miguel le comunicaron que se "sembrarán" algún objeto prohibido en su celda para abrirle un nuevo proceso y mantenerlo en prisión.

Señalan a Gali

Los diputados del Revolucionario Institucional atribuyeron esta acción a una encomienda del presidente municipal Antonio Gali Fayad y del secretario de Gobernación municipal, Mario Rincón González, a fin de "mantener preso al Edil Auxiliar de Canoa, por no coincidir con las políticas de despojarlos de todos los servicios como el del Registro Civil”.

Por ese motivo los legisladores pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que haya visitadores en las revisiones que se hagan, que la SCJN atraiga el caso y que la PRG investigue a los funcionarios por las irregularidades antes mencionadas.