Demanda la ONU replantear investigación en Iguala
El Sistema de Naciones Unidas en México (ONU-México) se pronunció ayer en favor de un replanteamiento general de la investigación de los hechos ocurridos en Iguala hace un año, en los cuales desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa, y pidió esclarecer las irregularidades surgidas a lo largo de las pesquisas, como el uso de la tortura para conseguir confesiones, alteración de evidencias, omisiones y deficiencias periciales.
También destacó que es fundamental establecer las responsabilidades de las autoridades municipales, estatales y federales que participaron directamente en los hechos o que, teniendo conocimiento de los mismos, no cumplieron con el deber de garantía, prevención y protección que toda autoridad tiene.
En un comunicado manifestó que esos hechos han contribuido a evidenciar los desafíos que enfrenta México en materia de desapariciones, y estimó que el Estado se encuentra ante una oportunidad histórica, como lo calificó recientemente el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, para transformar la situación imperante.
Las más de 26 mil personas cuyo paradero se desconoce, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, deben alentar a todas las autoridades a asumir la búsqueda de éstas como una prioridad ineludible, subrayó.
Explicó que los efectos de no poder localizar a un ser querido perduran hasta que no se esclarece su suerte o paradero, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares y allegados. Nadie debe ser sometido por más tiempo a este calvario, enfatizó.
La víspera de cumplirse un año de la desaparición de los 43 normalistas, la ONU-México dio a conocer su profunda solidaridad con las víctimas directas de diferentes violaciones a los derechos humanos y sus familias, y en particular dijo que los hechos de Iguala, en donde además se ejecutó a seis personas de manera extrajudicial y se provocaron lesiones a 40 más, algunas de ellas de suma gravedad, constituye uno de los casos más graves de violaciones de derechos humanos en la historia reciente del país.
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