La decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de no presentar cargos contra agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés Customs and Border Patrol) que dispararon y causaron la muerte a dos jóvenes Mexicanos en incidentes separados en 2011 pone en cuestión la impunidad y las políticas de uso de la fuerza letal por agentes de ese país, indicó en un comunicado la organización Amnistía Internacional.

Detalló que Ramsés Barrón-Torres, de 17 años, murió tras recibir disparos de los agentes de la Patrulla Fronteriza que declararon que el joven ignoró sus órdenes de dejar de arrojarles piedras desde el lado mexicano de la frontera en Nogales, entre Sonora y Arizona en enero de 2011. Asimismo, Carlos Lamadrid, de 19 años fue asesinado en marzo de 2011, tras recibir disparos por la espalda de un agente de la CBP, mientras escalaba una cerca de regreso a México. Lamadrid se encontraba en la línea de fuego entre un hombre que arrojaba piedras y el agente.

En ambos casos, el Departamento de Justicia declaró que no había "pruebas suficientes para refutar" que los agentes actuaron en defensa propia, lamentó Amnistía Internacional.

La organización estableció que estos dos casos forman parte de una serie de tiroteos con resultados fatales realizados por agentes de la Patrulla Fronteriza contra mexicanos, muchos de ellos adolescentes, por arrojar piedras a los agentes. Aunque Amnistía Internacional reconoce las posibles lesiones que puede causar una piedra, el uso de armas de fuego en los casos reportados, incluyendo estos dos, parece violar las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego.

De acuerdo con Amnistía Internacional, los estándares establecidos en los Principios Básicos de la ONU sobre el Uso de la Fuerza y las Armas de Fuego, prevén que los agentes de la ley no deben usar armas de fuego contra personas excepto en caso de defensa propia o defensa de terceros contra una amenaza inminente de muerte o heridas graves, y que en cualquier caso "sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida". En estos dos casos, parece que los agentes tenían opciones razonables para evitar el uso de la fuerza letal, indica.

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado estos ataques en diversas ocasiones y exigido investigaciones competas e imparciales. En enero de 2012 AI escribió al Departamento de Justicia expresando su preocupación por estos y otros casos, como el de Sergio Hernández Güereca de 15 años de Edad. Sergio recibió un disparo en la cabeza en junio de 2010 cuando un agente de la CBP disparó varias veces a través de la frontera, al parecer tras ser atacado por varias personas que lanzaban piedras. De acuerdo con las imágenes de video, Sergio se encontraba a cierta distancia en el lado mexicano y no parece constituir una amenaza cuando le dispararon. La investigación sobre el caso tampoco encontró evidencia suficiente para procesar al agente, por lo que el Departamento de Justicia concluyó en 2012 que "el agente no actuó de manera incompatible con la política de la CBP o la formación sobre el uso de la fuerza".

Amnistía Internacional ha llamado al gobierno de Estados Unidos a iniciar un revisión completa de las políticas de aplicación de las leyes federales y el entrenamiento en el uso de armas de fuego, para asegurar que se encuentran en línea con las normas internacionales. El uso de armas debe ser sólo el último recurso, y de una manera diseñada para minimizar los posibles daños o lesiones.

En noviembre de 2012 la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos debía revisar las políticas de uso de la fuerza de la Patrulla Fronteriza tras la preocupación mostrada por 16 miembros del Congreso sobre la implicación de agentes de la Patrulla en 19 muertes en la frontera desde 2010. Aún no se conocen los resultados de esta revisión.

Los Estados Unidos deben modificar urgentemente sus políticas para evitar más trágicas muertes, como las descritas más arriba.