Pedro Carmona Romero, activista de la Asamblea Social del Agua (ASA) y comerciante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, es un preso político más en el sexenio de Rafael Moreno Valle, así lo consideró el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión en Puebla.

“Lejos de reaccionar, el gobernador ha recrudecido las políticas represivas”, dijo Carolina González Barranco, representante del Comité en entrevista y reconoció que la detención se realizó sin las órdenes respectivas, repitiendo el patrón  que implica la desaparición durante horas de los ciudadanos, la fabricación de delitos y expedientes y la imposición de fianzas exorbitantes que la procuraduría estatal usa ante cualquier viso de disidencia.

“Se deja una vez más en claro la fragilidad no sólo legal a la que cualquier ciudadano disidente se enfrenta, sino también la desventaja ante un Estado que entiende la política como un medio de sanción, una política policiaca, donde se valida y justifica la violencia física a cualquiera a quien se considere un peligro a sus intereses”, apuntó.

En el pronunciamiento emitido, El Comité señaló como responsables de todo aquello que pueda atentar contra la integridad y los cargos que puedan írsele generando, a la presidenta municipal de Coronango, Hermelinda Macoto Chapuli y al gobernador Rafael Moreno Valle, quien por todos los medios ha intentado desarticular al movimiento UPVA “28 de Octubre”.

Carolina González aseguró que el saldo de la reducción de las libertades civiles durante este 2015 en realidad son las secuelas de  la política represiva que caracterizó a la administración morenovallista desde sus inicios.

Explicó que la embestida contra el movimiento de Cholula Viva y Digna y la ilegalidad que hace que los Xicale cumplan 342 días en prisión no son una respuesta circunstancial de este año, sino una práctica de estado y el sello del mandatario que no abandonará este ejercicio hasta la conclusión de su mandato.

Adelantó que el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión en Puebla en breve  presentará un informe actualizado, pues hasta junio de este año se habían documentado los expedientes de 241 personas encarceladas, procesadas y con orden de aprehensión, todos perseguidos por haberse resistido a medidas gubernamentales que afectaban su vida cotidiana.

Hizo un llamado, una vez más, a frenar lo que calificó como “la peor crisis de violación a los derechos humanos” padecida en Puebla.