El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obligó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a entregar información sobre agresiones a defensores de medio ambiente provocadas por megaproyectos; la descripción del número y tipo de agresor, municipio y estado donde ocurrieron los hechos, además de exigirle que desglose los datos por año.

El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, en la resolución de un recurso de revisión, quitó el candado que había puesto la dependencia federal al poner en reserva por un periodo de 12 años la información por considerar que existía un riesgo para los defensores.

Además lamentó que la Segob no haya atendido el requerimiento de un ciudadano.

Luego de esta exigencia, la Segob deberá transparentar las solicitudes de protección presentadas por personas agredidas en la defensa del medio ambiente o en megaproyectos, atendidas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre enero de 2012 y abril de 2015.

En respuesta a un solicitante, la Segob sólo entregó diversas tablas de datos, de las que se desprende el número de solicitudes de protección presentadas (21), cantidad y tipo de agresiones, y número y sexo de las personas agredidas, entre otros datos.

Sin embargo, la Segob no entregó información específica sobre los casos de megaproyectos y de defensa del medio ambiente, y reservó por un periodo de 12 años el tipo de agresor, así como el estado y municipio donde se suscitaron los hechos.

La dependencia argumentó que proporcionar esos datos haría altamente visible al periodista o persona que presentó la solicitud de protección y pondría en riesgo su esfera esencial de derechos.

En alegatos, la Segob reiteró la reserva de la información. No obstante, al analizar el caso se corroboró que dichos datos no aportan elementos para conocer, de manera específica, a cada una de las personas que presentaron las solicitudes de protección.

Acuña Llamas aseguró que proporcionar los datos solicitados no pondría en riesgo la vida, la seguridad o la salud de esas personas, ya que se trata datos estadísticos que, si bien, permiten conocer una situación específica, no hacen identificable a la persona agredida.

Asimismo, se determinó que esos datos no constituyen medidas preventivas y/o de protección otorgadas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ni se relacionan con alguno de los delitos previstos en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.