Mantener el periodo de la minigubernatura, establecer el inicio del proceso electoral en noviembre, una campaña de 60 días, así como celebrar el primer domingo de junio la elección a gobernador del próximo año, es parte de la propuesta de reforma político-electoral presentada en el Congreso del Estado.

La propuesta se anuncia a cuatro semanas de que venza el plazo para que el Congreso armonice el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (Coipeep) con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), ordenamiento que derivó de la reforma político-electoral propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobada en 2013 por el Congreso de la Unión.

Previo a su presentación en el pleno, Eukid Castañón Herrera, diputado del PAN, confirmó que en la propuesta, la cual cuenta con el respaldo de 26 diputados, no modifica el periodo del próximo gobernador, el cual será de un año y ocho meses como lo determinó en julio de 2011 la LVIII Legislatura, a propuesta del gobernador Rafael Moreno Valle.

Campaña de 90 a 60 días

En la entrevista, el operador político del mandatario indicó que dentro del proyecto destaca que el inicio del proceso local electoral será en el mes de noviembre, el período de campaña pasará de 90 a 60 días, y que el día de la elección será el primer domingo de junio.

Además, se contempla la reelección de diputados y presidentes municipales hasta por un periodo de 12 años, así como las candidaturas comunes, figura que actualmente contempla el Coipeep.

El encargado de presentar la iniciativa fue el perredista Carlos Martínez Amador, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

El proyecto prevé cambios en los artículos 3, 4, 35, 37, 57, 61, 79 y 102 de la Constitución local.

Partidos lograron acuerdos

Por su parte, Silvia Tanús Osorio, coordinadora de la fracción del PRI, sentenció que el proyecto es una muestra de que los partidos políticos sí pueden "ponerse de acuerdo", aspecto que calificó como un triunfo.

La legisladora rechazó que las modificaciones que plantea la iniciativa hayan sido negociadas para que su fracción vote a favor del proyecto que impulsa el PAN, el cual pretende privatizar los servicios públicos municipales.