La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión está obligada a acatar la Constitución y cumplir con la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para designar al consejero faltante del Instituto Federal Electoral (IFE), afirmó Pedro Esteban Penagos López, magistrado presidente por Ministerio de Ley de dicho órgano jurisdiccional.

Entrevistado en el programa Justicia electoral a la semana, que conduce la periodista Guadalupe Juárez, dijo que hasta ahora ninguna autoridad local ni federal ha omitido el cumplimiento de una resolución dictada por la Sala Superior, por lo que advirtió que sería de gran trascendencia jurídica para el país que la autoridad a quien la Constitución le encarga la expedición de la ley, no cumpla con ella.

Señaló que en un sistema democrático, autoridades y gobernados están sujetos al régimen de derecho y a respetar la ley y las sentencias que emiten los tribunales de última instancia, como es el Tribunal Electoral. “En lo personal, no me gustaría que fuera la primera sentencia que se incumpliera de este Tribunal”, dijo el magistrado.

Penagos López recordó que el pasado 30 de julio se resolvió un incidente de cumplimiento de sentencia, en el que se ordenó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que dé vista al Pleno de la Cámara de Diputados sobre su propuesta del candidato o candidatos que podrían ocupar la vacante que dejó Sergio García Ramírez, en el Consejo General del IFE.

Reiteró que la sentencia se encuentra en vías de cumplimiento, ya que el Pleno de la Cámara de Diputados, que es un órgano deliberativo representado por diferentes fracciones parlamentarias, no ha recibido la propuesta respectiva por parte de la Jucopo para su discusión.

La creación del INE afectaría al Federalismo

Por otro lado, cuestionado sobre la propuesta del Pacto por México para crear el Instituto Nacional de Elecciones (INE), que se encargaría de organizar todos los comicios en el país, el magistrado reconoció que esta figura sí  afectaría la autonomía y el régimen interno de las entidades federativas.

Anotó, sin embargo, que el Constituyente es el que establece la forma de gobierno a nivel federal y sería el responsable de realizar una reforma de gran calado que modificara los artículos 41 y 116 fracción IV de la Constitución para crear un órgano que se encargue de organizar los comicios a nivel federal.

El magistrado se refirió a la importancia de la seguridad jurídica como un aspecto fundamental del Estado de derecho, ya que cuando la ciudadanía conoce el marco jurídico que rige a su nación, tiene más confianza en las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales.

En ese sentido, destacó los acuerdos del Congreso Bienal Seguridad Jurídica y Democracia Iberoamericana (que se llevó a cabo en Girona, España, y en el que le tocó participar), relativos a la difusión de las leyes, desde la Constitución hasta la más íntima jerarquía, para que la sociedad se desenvuelva en “la luz del derecho y no en la oscuridad de la ignorancia” de la propia ley.

Destacó que en nuestro país, los congreso y los tribunales de última jerarquía, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el TEPJF, deben estar encargados de la divulgación de las leyes, para que los ciudadanos puedan consultarlas en las páginas oficiales, sepan a qué atenerse y tengan confianza en el sistema.

Por eso, dijo, es muy importante que los juzgadores, tanto de legalidad como de constitucionalidad, mantengan criterios de interpretación uniformes. “Los jueces deben atender el contexto social, porque no son simples aplicadores o interpretadores de la ley. El juez debe tener muy bien abiertos los ojos para determinar a quién le hace justicia, porque no es lo mismo resolver un asunto de equidad género, que el que se refiere a una comunidad indígena, donde rigen usos y costumbres.

Admitió que las malas personas no pueden ser buenos jueces, porque no pueden guardar los principios de neutralidad, de buena fe, ni tampoco respetar la norma. “Las malas personas no respetan la ley, no se respetan a sí mismos y, como consecuencia, esta es una actividad de valores y principios éticos”.

Comentó que el Código Modelo de Ética Judicial Electoral, elaborado a iniciativa del TEPJF, al que se deben ceñir los juzgadores en materia electoral, no es coercitivo, sino que se trata de las reglas que debe desempeñar un juez en la resolución de los casos concretos. “Y a través de los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad e independencia, los jueces deben impartir justicia con plena seguridad jurídica”.

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