La defensa y protección de los derechos humanos no es algo que puede esperar o estar sujetas a tiempos o intereses políticos, aseveró hoy el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien dijo que ante la amenaza a esos derechos es preciso actuar de inmediato.

“No podemos voltear la cara o ser indiferentes ante estas realidades que de manera cotidiana nos cuestionan y confrontan. Es necesario –insistió—actuar y en esta tarea los mejores resultados sólo se podrán lograr mediante acciones coordinadas que tengan como objetivo común el incidir favorablemente en la vigencia y respeto de los derechos humanos en México”.

En reunión de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Heriberto Galindo Quiñones, González Pérez resaltó que desde los primeros momentos de su gestión al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha buscado la cercanía con las víctimas, así como abrir los espacios de diálogo y acompañamiento con organizaciones de la sociedad civil y las defensoras y defensores de derechos fundamentales.

Resaltó que los hechos que violentan cotidianamente los derechos humanos ponen en evidencia una desvinculación entre lo que disponen las normas en la materia y nuestra realidad como país.

El titular de la CNDH afirmó igualmente que México atraviesa un complejo desafío en el ámbito de los derechos humanos, cuya crisis en algunas regiones del país, es evidente. “Esta situación no se agota con lo sucedido en Chalchihuapan, Tlatlaya o Iguala –destacó--. Advertimos elementos preocupantes en hechos como los relativos al trabajo de los jornaleros de San Quintín, los riesgos y adversidades que enfrentan los migrantes, así como en la inseguridad y violencia en ciertos lugares”.

En este contexto, subrayó que insistirá en la necesidad de que se atiendan problemáticas tales como las relativas a la migración; los pueblos indígenas; la explotación y abuso de niñas, niños y adolescentes; el maltrato y exclusión de las personas con discapacidad; la desatención a las víctimas y la precariedad de los derechos económicos, sociales y culturales, entre otras.

González Pérez dijo a los legisladores que el contar con leyes con contenidos pertinentes y actualizados permitirá fortalecer las acciones que se emprendan en el ámbito de la prevención, que es la mejor protección contra las violaciones a derechos humanos.

“Ninguna reparación del daño a las víctimas o castigo a los responsables será equivalente a que el hecho violatorio, simplemente, no se hubiese producido”, puntualizó.