Lizbeth García Pedraza, síndico de Cuautlancingo, denunció ser víctima de amenazas de muerte a raíz del procedimiento penal que interpuso para ser restituida en su cargo, del cual fue separada “ilegalmente” a mediados de julio.

La funcionaria narró que el jueves por la noche recibió dos llamadas telefónicas de una persona desconocida que dijo saber todos sus datos y los de su familia. “Me dijeron que nos vamos a morir”, recordó con lagrimas en los ojos García Pedraza.

Estas llamadas se realizaron el mismo día que la abogada intentó regresar a su cargo como representante legal del ayuntamiento de Cuautlancingo, puesto al que llegó como parte de la planilla del edil Filomeno Sarmiento Torres en 2011.

El 16 de julio, los integrantes del cabildo de Cuautlancingo aprobaron por mayoría de votos quitar del cargo a García Pedraza por una supuesta denuncia radicada en la Contraloría municipal; sin embargo, hasta la fecha no se le ha notificado cuál fue la falta en la que incurrió.

Además, al ser una funcionaria que llegó al cargo por elección popular, el cabildo no tiene facultades para destituirla, pues esto es competencia exclusiva del Congreso del estado,

Por esto, la abogada calificó como “ilegal” el procedimiento que llevó a la Contraloría en su contra y reiteró que hasta la fecha el alcalde no le ha explicado la causa de su destitución.

Añadió que inició un juicio de amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito, quien le concedió la suspensión provisional de su destitución hasta en tanto no se resuelva el proceso legal.

Con esta suspensión en mano, García Pedraza acudió a las oficinas del ayuntamiento de Cuautlancingo para ocupar su oficina, pese a que fue obligada a realizar un proceso de entrega-recepción.

Sin embargo, las autoridades municipales ignoraron el ordenamiento judicial y le impidieron regresar a sus funciones. Horas después de esto se registraron las llamadas de amenaza en contra de la abogada.

“No hay ninguna queja de los ciudadanos en mi contra”, lamentó García Pedraza, al señalar que lo último que quiere es que su familia sea afectada por esta situación. “Sólo quiero que todo sea apegado a derecho, que el procedimiento sea el correcto”, finalizó.