Este martes al menos una docena de trabajadores del Registro Civil –que depende de la Secretaría General de Gobierno (SGG) – fue dada de baja de la dependencia y este miércoles fueron citados para pedirles que firmaran su renuncia, bajo la promesa de que recibirían una liquidación.

El despido de este bloque de trabajadores se suma al que ocurrió entre el martes y viernes de la semana pasada, mismo que de acuerdo con cálculos de los ahora ex empleados, suma alrededor de un centenar de afectados en la dependencia. 

Dos de las afectadas –que prefirieron omitir sus nombres- acudieron este miércoles a la oficina de la SGG que se ubica sobre la 3 poniente, entre la 7 y 9 sur, alrededor de las dos de la tarde, y les pidieron que firmaran su renuncia voluntaria, aunque se negaron.

e-consulta preguntó a las ahora ex trabajadoras el nombre del funcionario que les solicitó su firma, no obstante respondieron que les pidieron no dar información a cambio de tramitar su finiquito.

En este sentido, se dijeron temerosas de quedarse sin una liquidación, pues cuentan con 12 años de antigüedad y no alcanzan una pensión, razón por la que prefirieron no señalar al funcionario.

Las afectadas indicaron que solicitarán asesoría legal para revisar la posibilidad de presentar una demanda laboral en contra de la administración estatal, pues recordaron que fueron notificadas de su despido apenas este martes.

No obstante, comentaron que el viernes sostendrán una reunión con representantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (STSPE), que dirige Rosalía Barranco, en quien confían para que resuelva su situación, pese a que a los últimos despedidos no ha dado solución.

Entre el martes y el viernes de la semana pasada fueron dados de baja otros empleados del Registro Civil, del Archivo General y de Protección Civil –que dependen de la SGG–, así como del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla (CECAP), pero de manera verbal. A estos trabajadores se les dijo que no recibirían liquidación pero también se les pidió firmar su renuncia voluntaria.

Según los cálculos de los afectados, sumaran casi 500 los despedidos, quienes aseguran que presentarán una demanda laboral colectiva en contra del gobierno del estado, a fin de exigir su reinstalación.