Este miércoles fueron liberados Primo y Albino Tlachi Valencia, dos de los cuatro opositores al Parque Intermunicipal que estaban recluidos en el Cereso de Cholula, y la ex comisariada ejidal Enedina Rosas Vélez, quien enfrentaba un arraigo domiciliario por su rechazo al gasoducto Morelos.

Los tres activistas, considerados presos políticos de la actual administración estatal, fueron exonerados de los cargos en su contra por medio de amparos concedidos por jueces federales.

Salen hermanos primero

Alrededor de las 3 de la tarde de este miércoles Primo y Albino Tlachi dejaron el Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, en el que permanecieron tras la toma de la presidencia municipal de San Andrés Cholula el pasado 7 de octubre.

El juez penal de Cholula les dictó auto de formal prisión por los delitos de motín, despojo, daño en propiedad ajena doloso y ataques a las vías de comunicación.

No obstante este miércoles a ambos se les dictó auto de libertad por falta de elementos para ser procesados y su salida del Cereso se registró de forma discreta.

Dentro del penal quedan Adán Xicale Huitle y Paul Xicale Coyopol, quienes encabezaron el Movimiento Cholula Viva y Digna que se opone a la construcción de un Parque Intermunicipal alrededor de la pirámide de Cholula.

A su vez Josué Xicale, hijo de Adán Xicale y hermano de Paul Xicale, exigió que sus familiares también sean liberados, toda vez que están en el mismo proceso penal.

"Está de manifiesto que el Juez Penal de Cholula no tiene elementos para mantener encarcelados a nuestros cholultecas, en el caso de Adán y Paul, entonces si les dicta auto de libertad a los Tlachi tiene que hacerlo igualmente con Adán y Paul", apuntó el activista.

Sin embargo, el ayuntamiento de San Andrés confirmó el martes que los dos ciudadanos ganaron un amparo y ese sería el motivo por el cual obtuvieron su libertad.

Este miércoles por la mañana, Josué Xicale, también integrante del Frente Organizaciones Políticas y Sociales (FOSYP), informó que su padre y hermano habían ganado un segundo amparo, con número 1803/2014, con lo cual en próximos días obtendrían su libertad.

A pesar de que los hermanos Tlachi estuvieron integrados al movimiento Cholula Viva y Digna, tras su detención en octubre dejaron la lucha social, cuestión que no sucedió con los miembros de la familia Xicale.

Enedina también recupera su libertad total

Este miércoles el Juzgado Federal Decimoprimero de Distrito dictó auto de libertad a Enedina Rosas Vélez, de 60 años de edad, considerada defensora de Derechos Humanos por el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, luego permanecer ocho meses en la prisión de Atlixco y cinco más bajo arraigo domiciliario.

El juez de amparo notificó a la defensa que el arraigo domiciliario habría concluido al ganar el amparo 653/2014, el cual se presentó contra el auto de formal prisión que Enedina cumplía en su casa al ser diagnosticada por la enfermedad de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Enedina Rosas fue apresada el 6 de abril del 2014, acusada de robar dos celulares a personal de la empresa Bonatti Spa, encargada de edificar el Gasoducto Morelos.

Fue trasladada al Centro de Readaptación Social de Atlixco, bajo el proceso 121/2014, en el que también fue señalada por su oposición a una obra pública.

Enedina era comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan y se negó a firmar la autorización para el paso del gasoducto Morelos por esas tierras.

Fue detenida por policías estatales cuando salía de una reunión realizada en San José Teruel, municipio de Tepeojuma, en la que se confirmó la determinación de oponerse al proyecto.

Diferentes organizaciones, entre ellas el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra acusó al gobierno estatal y a las empresas Bonatti, Enagas y Elecnor, constructoras del gasoducto, de estar detrás de la detención de Rosas Vélez por oponerse a la obra.

Hasta la fecha se mantiene el señalamiento de que la detención de Enedina se hizo de manera ilegal, pues los policías no mostraron una orden de aprehensión, tampoco se identificaron y amenazaron con armas de fuego al resto de la gente que se encontraba en el lugar de la reunión.

Enedina Rosas fue considera una presa política, su encarcelamiento responde a un proceso de criminalización de la protesta de los pueblos del Popocatépetl, según lo documentó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, cuando tomó el caso y su defensa.