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Amnistía Internacional exige frenar tortura generalizada en México
Un nuevo informe de las Naciones Unidas que detalla cómo la tortura es generalizada entre la policía y las fuerzas de seguridad de México debe incitar a las autoridades para hacer frente a esta práctica repugnante de una vez por todas, manifestó la organización Amnistía Internacional hoy.
El informe de Juan E. Méndez, relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, se presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU hoy. En él se describe cómo los funcionarios en México no suelen investigar las denuncias de víctimas de tortura y cómo los médicos forenses que trabajan para el gobierno a menudo ignoran señales de tortura al aplicar exámenes médicos y psicológicos especializados para casos de tortura de la PGR.
"Este informe vital y mordaz de un experto de la ONU sobre la tortura destaca una cultura de la impunidad y la brutalidad a la cual le hemos estado haciendo campaña durante años. El presidente Enrique Peña Nieto no puede alegar desconocimiento sobre este tema. Por el contrario, se debe aceptar y actuar sobre todas las recomendaciones de la ONU establecidas en el informe del Relator Especial", dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
"La policía y los soldados recurren a prácticas de tortura para castigar o extraer confesiones falsas o información de las y los detenidos en su llamada guerra contra las drogas. Con frecuencia, las víctimas se ven obligadas a firmar declaraciones bajo tortura y en muchos casos están condenadas únicamente sobre la base de esas declaraciones. Cuando se practican exámenes médicos forenses, por lo general no cumplen las normas internacionales establecidas en el Protocolo Estambul”.
Amnistía Internacional exigió al gobierno mexicano que garantice que los médicos forenses realicen exámenes inmediatos, imparciales y exhaustivos a cualquier persona que alega tortura. También ha pedido a las autoridades a aceptar los informes forenses de expertos independientes como prueba válida en casos judiciales.
"Las investigaciones sobre las denuncias de tortura en México están plagadas de defectos. Las directrices internacionalmente acordadas, tales como el Protocolo de Estambul sobre la manera de investigar la tortura son ignoradas rutinariamente y con frecuencia las víctimas tienen que esperar meses o años para ser examinados. La documentación de la tortura es el primer paso para romper el muro de la impunidad", dijo Erika Guevara Rosas.
En los últimos meses, Amnistía Internacional realizó una campaña para exigir que se haga justicia a Ángel Colón y Claudia Medina, pues ambos fueron torturados para extraer confesiones falsas, en incidentes separados.
Ángel fue asfixiado, humillado y golpeado por soldados durante su detención en una base militar. Fueron necesarios cinco años para que Ángel tuviera un examen forense médico adecuado en respuesta a sus denuncias de tortura. El examen fue llevado a cabo por un experto forense independiente después de que las autoridades no tomaron medidas.
Claudia Medina fue torturada con violencia sexual a manos de infantes de Marina. Las autoridades se han mostrado renuentes a investigar sus denuncias, y el gobierno no le da un acceso adecuado para acceder al servicio forense oficial. La única prueba forense de la tortura proviene de dos exámenes independientes, asegura Amnistía Internacional.
"Después del largo proceso que tenía que pasar, sentí la necesidad de ser una activista de los derechos humanos, para demostrarles que no soy una criminal, como las autoridades me han retratado. No voy a permitir que una sola mujer más sea torturada en México ", Claudia Medina dijo a Amnistía Internacional.
El 3 de marzo, México designó Arely Gómez González como nueva Procuradora General de la República.
"Arely Gómez González tiene la oportunidad de tomar una postura firme sobre la tortura. Ella debe garantizar que las víctimas tengan acceso a exámenes médicos adecuados, por parte de los expertos forenses oficiales autónomos de la Procuraduría General de la República, como la ONU lo ha señalado hoy", dijo Erika Guevara-Rosas.
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