El organismo Amnistía Internacional incluyó a Puebla en su informe anual “La situación de los derechos humanos en el mundo”, y lo ubicó como un estado que atenta contra la libertad de expresión por la aprobación de la “Ley Bala”, que derivó en el fallecimiento del menor de edad –José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo–.

En su reporte, la asociación internacional también menciona a las entidades de Quintana Roo, Chiapas y el Distrito Federal (DF), pues adoptaron o intentaron adoptar una legislación similar a la “Ley Bala”, así como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, torturas del Ejército, ataques a defensores de los derechos humanos y a periodistas.

El informe, que fue presentado este viernes por Amnistía Internacional, refiere que como ocurrió en las entidades referidas, Puebla adoptó leyes sobre el uso de la fuerza por parte de los encargados de mantener el orden en las manifestaciones, legislación que no se ajusta a las normas internacionales de derechos humanos y suponen una amenaza para la libertad de expresión y asociación.

De esta manera, el documento cita el fallecimiento de “un muchacho de 13 años de edad” que murió en el contexto de una manifestación, posiblemente como resultado del uso excesivo de la fuerza, por lo que a finales de 2014 las autoridades estatales investigaban a unos agentes de policía.

Ley que regula el uso de la fuerza pública

Fue el 20 de mayo de 2014, cuando el Congreso local aprobó la “Ley que regula el uso de la fuerza pública”, la cual pretende regular la actuación de los elementos de seguridad pública durante alguna protesta. Inicialmente la propuesta permitía el uso de armas de fuego contra manifestantes, pero esto finalmente no fue aprobado.

Sin embargo, la Policía Estatal desalojó violentamente una protesta que el nueve de julio de ese año llevaron a cabo pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, quienes obstaculizaron el paso en la autopista Puebla-Atlixco.

En el desalojo resultaron heridos más de un centenar de personas, entre efectivos y civiles, pues los primeros usaron gases lacrimógenos, cuyos proyectiles golpearon en la cabeza al niño José Luis, quien días después falleció a causa de la lesión. Asimismo, resultaron lesionados con esas latas por lo menos cinco pobladores más, de los cuales uno perdió el habla y otro la visión en uno de sus ojos.

Tras realizar una investigación del caso, en septiembre de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que los policías poblanos incurrieron en violaciones graves a las garantías individuales de los pobladores de Chalchihuapan, por lo que dirigió una recomendación al gobierno del estado, la cual se ha cumplido de manera parcial, según reconoció este viernes el secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, durante una comparecencia que tuvo ante diputados locales.

El informe 2014/2015 de Amnistía Internacional documenta la situación de los derechos humanos en 160 países y territorios durante el año pasado y recoge algunos acontecimientos de 2013.