En el marco de la presentación del informe de la Misión Civil de Observación a la Consulta a la Tribu Yaqui, “Una sentencia fallida. Actualización del proceso de consulta a la Tribu yaqui sobre el Acueducto Independencia”, Amnistía internacional expresó su preocupación por la afectación continua de los derechos humanos de la Tribu Yaqui, ocasionada por la construcción y funcionamiento del Acueducto Independencia en sus territorios.

Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, recordó que “la consulta previa, libre e informada es una piedra angular de los derechos de los pueblos indígenas; sin embargo, en el caso de la Tribu Yaqui, los gobiernos estatal y federal no han realizado dicho proceso y no se ha obtenido el consentimiento de la comunidad para la realización del Acueducto Independencia”.

De acuerdo con la organización defensora de derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que se violó el derecho a la consulta previa, libre e informada, y ordenó que se llevara a cabo dicho proceso conforme a los estándares internacionales. En la misma decisión, la Corte ordenó que la Autorización de Impacto Ambiental quedara insubsistente y que se realizara un nuevo informe de impacto ambiental que debía ser entregado a la comunidad en su propia lengua.

Precisó que no obstante, a más de nueve meses de esta resolución, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) no ha entregado a la comunidad el informe de impacto ambiental y un peritaje antropológico que se debieron de haber sido realizados como parte del proceso de consulta. Por lo que la Tribu no ha recibido elementos suficientes para tomar una decisión informada. En tal sentido, Amnistía Internacional exhortó a la SEMARNAT a presentar inmediatamente el estudio de impacto ambiental y el peritaje antropológico necesarios para dar continuidad al proceso de consulta.

Lo anterior, “viola el deber de debida diligencia que debe guiar la actuación estatal ante la posibilidad de daños irreparables a la Tribu Yaqui, pues las autoridades están imponiendo  restricciones a sus derechos humanos, sin verificar que dichas limitaciones no pongan en riesgo la subsistencia del propio pueblo indígena”, señaló Perseo Quiroz.

Durante el proceso de consulta, Mario Luna y Fernando Jiménez, quienes son líderes reconocidos por la Tribu Yaqui, fueron detenidos por su supuesta participación en el robo de un vehículo automotriz y privación de la libertad de un miembro de la comunidad yaqui. Amnistía Internacional examinó el expediente judicial y teme que el caso esté políticamente motivado y tenga relación con la defensa que la Tribu Yaqui ha hecho de su derecho al agua.

En este contexto, Amnistía Internacional exigió a las autoridades garantizar el debido proceso de ambos líderes indígenas para evitar juicio injusto.