El gobernador Rafael Moreno Valle sostendrá una reunión de trabajo con los integrantes  de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para aclarar el desalojo de estudiantes de la BUAP que mantenían un campamento en el zócalo, reveló la legisladora federal Roxana Luna Porquillo.

La perredista precisó que sólo falta definir la hora y el día que los legisladores llamarán al mandatario estatal, aspecto que se abordará la próxima semana durante la sesión del órgano legislativo.

Luna Porquillo destacó que la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos gira en el sentido de una “reunión de trabajo” y no una comparecencia, ya que, expuso, la correlación de fuerzas políticas que conforman la Junta de Coordinación Política no permitiría ese tipo de exposición para el panista.

Universitarios que se encontraban en huelga de hambre en el zócalo de la ciudad fueron desalojados la madrugada del domingo 8 de febrero por un grupo de personas armadas con tubos, quienes lanzaron golpes y levantaron a estudiantes para abandonarlos a las afueras de la ciudad.

El jueves 12 de febrero, legisladores pertenecientes al grupo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), encabezados por Loretta Ortíz Ahlf demandaron un juicio político contra  Moreno Valle por la violación sistemática de los derechos humanos.

A la par de la petición de la fracción de Morena, la Comisión de Derechos Humanos -que preside Miriam Cárdenas Cantú del PRI- aprobó llamar a una reunión de trabajo a Moreno Valle y a Ángel Aguirre Rivero, quien renunció a la gubernatura de Guerrero tras la desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

La Comisión de Derechos Humanos la integran 26 diputados, entre quienes se encuentran las poblanas Rocío García Olmedo (PRI) y Luna Porquillo (PRD).

La legisladora del PRD enfatizó que la reunión de trabajo es por el caso del desalojo de 23 estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quienes acampaban en el zócalo capitalino en demanda de que las autoridades universitarias les permitieran espacios para ofrecer cursos de capacitación.

Sin embargo, recordó que en la Comisión de Derechos Humanos todavía está pendiente la represión que policías estatales cometieron en contra de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, el cual sucedió el 9 de julio del año pasado y que provocó la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.

Luna Porquillo mencionó que si bien la Cámara de Diputados no es un órgano sancionador, el gobernador tiene la obligación de responder al llamado que el poder legislativo federal le ha hecho.

“Es un llamado de un poder a un gobernador, puede o no puede cumplirlo, porque no está reglamentado, no somos el órgano sancionador, sin embargo sí estamos obligados a que se cumplan las leyes y los tratados internacionales que ha suscrito México, sí es una facultad como diputado”, puntualizó.