Habitantes de las faldas del volcán Popocatépetl son hostigados y amenazados por trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por el gobierno del estado, para que cedan sus terrenos a favor del gasoducto Morelos, por lo que acudirán a la Sexta Visitaduría de la CNDH para solicitar medidas cautelares.

Selene Santamaría Soriano, representante de San Buenaventura Nealtican, uno de los municipios poblanos por donde pasará el gasoducto, dijo que empleados de la CFE visitan a los pobladores para convencerlos con “mentiras” de que permitan el paso de la tubería por sus terrenos.

Como no ceden, entonces los amenazan con que el Ejército y la policía federal van a intervenir para quitárselos. Las amenazas contra los ciudadanos se presentan hasta cuatro veces por semana.

El proyecto del gasoducto plantea una línea de conducción desde el estado de Tlaxcala, pasa por Puebla y llega a Morelos, donde habrá una planta generadora de energía. Sin embargo ha enfrentado rechazo debido al supuesto riesgo para las comunidades en caso de un siniestro.

Gobierno estatal también hostiga, señalan

No conforme con las amenazas, el gobierno del estado ha enviado desde el 7 de enero hasta dos citatorios al día a los pobladores para que acudan a la Secretaría General de Gobierno (SGG) a revisar su caso, de lo contrario tomará sus propiedades, expuso la representante.

Por su parte el abogado Fernando Cuéllar Muñoz, del Centro de Promoción y Defensa de los Derecho Humanos Joel Arriaga Navarro AC, expuso que aunque los habitantes no dan permiso a los trabajadores de la CFE para las obras, ellos "se meten a la mala", violando los derechos y garantías de los pueblos.

"La CFE tiene un código de ética pero sus funcionarios no lo respetan, ni tampoco la ley", agregó el representante legal de las comunidades.

Dudan de que sea terminado este año

Cuéllar Muñoz comentó que a pese a lo que señalado por el gobierno federal sobre el avance del Proyecto Integral Morelos (PIM), duda que sea terminado este año por la resistencia que hay en los pueblos de Puebla, Tlaxcala y Morelos.

"Mucho se ha hablado de la autoridad que la obra está por concluir, y la verdad es que no es así. Hemos recurrido a la figura del amparo para hacer valer los derechos de los pueblos, violados por la CFE al no acatar el auto del 3 de julio para la suspensión provisional (del gasoducto Morelos)", agregó el litigante.

También existe una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la violación a la suspensión provisional y otras denuncias ante el Ministerio Público, aunque no quiso detallar por cuáles faltas y contra quién.

Asimismo las comunidades recurrirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que otorgue medidas cautelares a los habitantes de las comunidades afectadas en Puebla, Tlaxcala y Morelos.

También para presionar a la dependencia a que emita una recomendación por las violaciones a derechos humanos cometidas en torno al PIM desde 2012.

Afecta 92 zonas arqueológicas

A su vez, la también abogada Ximena Ugarte, del Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, señaló que el trazo del gasoducto y su zona de afectación pasan por 92 zonas arqueológicas reconocidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La defensora de los derechos humanos señaló que tiene ubicadas seis zonas rituales en Tlaxcala, por lo cual las 86 restantes se encontrarían en Puebla, sobretodo, y Morelos.

Ante esta situación Ugarte no dudó en señalar que el Proyecto Integral Morelos se trata de "un despojo territorial, donde ha habido serie de actos de violencia hacia las comunidades, sin prestar atención los usos y costumbres".

Sin embargo, las poblaciones de los tres estados ya se están uniendo para defender su territorio, sus costumbres y su forma de vida no sólo ante instancias nacionales, sino internacionales.