Iniciativas para evitar “albazos legislativos”, para proteger los derechos humanos de activistas y periodistas, para garantizar el primer empleo a jóvenes o para que hijos de padres separados tengan contacto con éstos, son parte de las 81 propuestas de legisladores locales que en el último año se quedaron en el tintero, a diferencia de las enviadas por el gobernador Rafael Moreno Valle, que han sido aprobadas hasta en dos horas.

Aun así, la bancada del PAN en el Congreso local planteó el miércoles la creación en la Constitución poblana de la “iniciativa preferente”, con la que el gobernador podrá presentar dos proyectos que deberán ser aprobados en cada uno de los tres periodos ordinarios de sesiones, por lo que sumará seis avales en un año.

Sin embargo, en 2014 la actual Legislatura aprobó 28 de 31 iniciativas por Moreno Valle, mientras que sólo atendió 24 de las 105 propuestas presentadas por las bancadas del PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza, Compromiso por Puebla, PSI, Movimiento Ciudadano, PT y PVEM.

Además en marzo pasado los legisladores rompieron récord al aprobar en dos horas la iniciativa del Ejecutivo para que los municipios puedan contratar deuda hasta por tres mil millones de pesos.

Entre las principales propuestas aprobadas al Poder Ejecutivo se encuentran: la llamada Ley Bala, el convertir en una entidad paraestatal al Hospital del Niño Poblano (HNP) o el cambio en la estructura tarifaria para el cobro del servicio de agua potable.

El primer empleo… debe madurar

En marzo pasado el diputado José Chedraui Budib presentó la iniciativa que crea la Ley del Primer Empleo del estado de Puebla, propuesta que busca que los egresados de nivel técnico superior o de educación superior mayores de 18 años y menores de 35 años obtengan facilidades para incorporarse al mercado laboral.

Sin embargo a 10 meses de su entrega sigue en análisis de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Económico.

En noviembre pasado el diputado por el Partido Movimiento Ciudadano (PMC), Julián Peña Hidalgo, presentó una iniciativa para impedir los llamados “albazos legislativos”, pues esta plantea que cada iniciativa que se apruebe, se haya presentado con por lo menos 72 horas de antelación, a fin de que no sea votada sin un análisis previo.

El proyecto propone una reforma al artículo 44 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para señalar que antes de ser votada, una iniciativa debe tener un análisis previo.

En diciembre de 2014, el diputado priísta Pablo Fernández del Campo presentó una propuesta para modificar la Ley  de Desarrollo Urbano Sustentable, a fin de evitar que las obras y proyectos que desarrollen los entes públicos o privados tengan errores en materia de planeación o “incongruencias, superposición, contradicción o confusión”, otorgando mayor sustento legal  a esos planes, al contar desde un inicio con las fuentes oficiales de información científica, como las registral y catastral.

Mejora regulatoria puede esperar

En ese mismo mes, la diputada panista Irma Patricia Leal Islas presentó una iniciativa de ley en materia de Gobernanza y Mejora Regulatoria, con el objeto de incrementar los estándares normativos y de calidad en los trámites y servicios que presta la administración pública en la entidad, a través de la homologación de procedimientos.

Un mes después, la propuesta presentada por la ex contralora estatal continúa en análisis, aunque la legisladora sí ha participado o incluso presidido discusiones referentes a iniciativas del gobernador.

Aguardan derechos de activistas e infantes

El diputado Ignacio Alvízar del PMC presentó en diciembre una propuesta para reformar el artículo 683 del Código de Procedimientos Civiles del estado, a fin de que se establezcan sanciones a los padres divorciados que teniendo la patria potestad, impidan a sus hijos ver o convivir con su cónyuge, pues consideró que en esos casos son los niños quienes padecen las consecuencias. No obstante, esta permanece en análisis.

En noviembre, el legislador priísta Víctor Manuel Giorgana Jiménez propuso reformar el Código Penal de Puebla, a fin de dar garantías y proteger los derechos humanos de periodistas y activistas, al recordar que en 2104 sumaron más de 14 desaparecidos y 25 atentados en contra de comunicadores en el país, empero, esta se encuentra en análisis.