La inspección judicial realizada en mayo a la ex hacienda “Tamariz” –sobre la que pesa un decreto de expropiación- demostró que se trata de una extensión de tierra productiva con cosechas, ganado, pozos y en la que laboran decenas de personas, aseguró el empresario Emilio Maurer Espinosa.

Los juicios radicados en los expedientes 632/2014 y 633/2014 del Juzgado Tercero de Distrito en contra del gobierno del estado, por la expropiación decretada en abril de 2014, siguen su curso, señaló Maurer, quien confió que con el resultado de la supervisión la autoridad penal falle a su favor.

Fue en mayo del año pasado cuando el Juzgado ordenó al Juez de lo Civil de Tepeaca efectuar una inspección judicial en la ex hacienda, como parte del amparo que promovieron Carlos Víctor Maurer Suárez y Eloina Maurer Espinoza,  propietarios del inmueble, para evitar que el gobierno del estado tome posesión de una superficie de 747 hectáreas.

El predio se localiza en el municipio de Nopalucan, junto a San José Chiapa, en donde se construye la armadora de autos de lujo Audi, y fue decretada como de utilidad pública por la administración estatal en abril para utilizarla como un parque de proveedores, sin embargo a través de los juicios, los propietarios lograron detener el proceso contra los predios.

En entrevista vía telefónica, Maurer Espinosa indicó que las autoridades penales constataron que en la ex hacienda hay ganado (vacas y borregos), como terrenos de labor, siete pozos de agua, así como decenas de trabajadores que obtienen un ingreso con las labores que realizan en esta área.

El también ex directivo del equipo de futbol Puebla de la Franja confió en que con la supervisión, el gobierno del estado vea que “hay más tierras ociosas para no escoger las que sí están funcionado”.

Refirió que el proceso continuará su curso, al insistir en que espera que este resulte a favor de su familia.

Para decretar la utilidad pública de los predios, el gobierno del estado recurrió a las reformas a la Ley de Expropiación que el Congreso local aprobó el 11 de marzo, pues estas permiten que la administración estatal incaute bienes inmuebles o predios bajo el argumento de la “inmediatez y urgencia”, sin que medie notificación previa por escrito a los afectados.