El Juzgado Tercero de Distrito ordenó al Juez de lo Civil de Tepeaca efectuar una inspección judicial en la Ex Hacienda Tamariz en los próximos días 9 y 13 de mayo, como parte del juicio de amparo que promovieron Carlos Víctor Maurer Suárez y Eloina Maurer Espinoza, los propietarios del inmueble que pretende incautar el gobierno del estado.

De acuerdo con los expedientes 632/2014 y 633/2014, que están radicados en el juzgado referido, la autoridad federal difirió las audiencias incidentales por las inspecciones judiciales, para lo cual ordenó  al personal del Juzgado de lo Civil en Tepeaca desahogar las diligencias.

El 9 de mayo, a las 9:26 horas, se llevará a cabo la primera inspección y posteriormente, el 13 del mismo mes, a las 9:37 horas, se realizará la segunda.

La información publicada hoy en las listas de acuerdos de los juzgados también advierte que, a través de recursos de queja, el gobierno del estado se encuentra impugnando la admisión de estos dos amparos, así como el de un tercero radicado en el Juzgado Segundo de Distrito, con el número 633/2014, y que fue interpuesto por Emilio Maurer Bretón.

Estos recursos, según indicó la autoridad federal, serán resueltos por los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa que correspondan.

Es preciso recordar que la expropiación de 747 hectáreas de la ex hacienda, localizada en Nopalucan, fue decretada por el gobierno del estado de Puebla bajo el argumento de “utilidad pública”, enfocada a la instalación de un parque industrial que concentre a los proveedores de la armadora alemana Audi, que se instala en San José Chiapa.

La ex Hacienda Tamariz, donde se encuentra una planta productora de lácteos, está registrada a nombre de Emilio Maurer Bretón, Carlos Víctor Maurer Suárez, Amelia Maurer Suárez, María Eloina Maurer Espinosa, Juan Carlos Maurer Bretón y Luis Maurer Espinosa.

Los recursos presentados ante los juzgados federales impugnan como primer acto de aplicación la Ley de Expropiación del estado, reformada el pasado 11 de marzo, a fin de permitir al gobierno estatal incautar bienes inmuebles o predios bajo el argumento de la “inmediatez y urgencia”, sin que medie notificación previa por escrito.