Por unanimidad, los diputados aprobaron no gravar el aguinaldo, el tiempo extra y los vales de despensa otorgados como monederos electrónicos, propuesta hecha por el gobernador Rafael Moreno Valle.

En la última sesión ordinaria del primer año de la LIX Legislatura, los legisladores validaron el dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, instancia que frenó la petición del mandatario estatal para considerar a dichas prestaciones dentro del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

En su momento, José Chedraui Budib (PRI), presidente de la comisión referida, precisó que la reforma a la Ley de Hacienda permitiría que el gobierno cobrara el 3 por ciento por dichas prestaciones salariales.

La reforma aprobada por el pleno del Congreso también dejó fuera la intención de que aquellos ciudadanos que registraran un vehículo usado, en el Registro Estatal Vehicular, deberían acreditar el pago del Impuesto Sobre la Tenencia de los últimos cinco años, o de lo contrario cubrir las cuotas.

Modifican esquema de sanciones para delitos fiscales

Tal como lo planteó el mandatario estatal, los legisladores aprobaron cambiar el esquema de cálculo de sanciones de días de salario mínimo a cuotas en cantidades en pesos referentes a los delitos fiscales.

Las reformas propuestas por el mandatario estatal son a los artículos 69, 71, 73, 75, 75 C y 75 E del Código Fiscal del Estado de Puebla.

En lo artículo 69 se establece que el “delito de defraudación fiscal se sancionará con prisión de dos a meses a cuatro años si el monto de lo defraudado no excede de 12 mil 755 pesos, cuando exceda la pena será de dos a cinco años de prisión.

En el numeral 71 se indica que la persona que recurra al quebramiento  de sellos o marcas oficiales colocados por autoridad fiscal en el ejercicio de sus funciones, se le impondrá la pena de dos meses a tres años de prisión y multa de 2 mil 550 pesos.

La penalidad del delito de falsificación o uso de medios de control fiscal se indica en el apartado 73, el cual advierte que quien recurra a esta acción será castigado con prisión de seis meses a cinco años y multa de 3 mil 830 pesos.

La usurpación de funciones fiscales considera una sanción de uno a seis años de prisión y multa de 5 mil 105 pesos, como lo refiere el artículo 75.

Con padrón y entrega de recursos, gobierno controlará organizaciones civiles

Con el aval de las nueve bancadas que conforman la LIX Legislatura, se aprobó la creación de la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, misma que envió el gobernador Rafael Moreno Valle.

La nueva normativa prevé la creación de un registro estatal de organizaciones de la sociedad civil, en el cual podrán participar las agrupaciones que no tengan fines de lucro interesadas en recibir incentivos económicos que entregará el estado.

La entrega del beneficio económico estará condicionada a que los interesados proporcionen información sobre sus fines, estatutos, programas, beneficiarios, actividades, fuentes de financiamiento, sean nacionales o extranjeras. Los datos serán requeridos por la autoridad estatal.

Además en la ley se indica de la creación de una Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones Civiles, órgano conformado por  el gobernador del estado como presidente honorario; al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, como presidente ejecutivo; un secretario técnico designado por el titular de la Sedeso.

Socorro Quezada Tiempo, diputada del PRD y presidenta de la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales, rechazó que la medida propuesta por el ejecutivo, sea para controlar las actividades de la sociedad civil, y expuso que las reglas de la entrega del financiamiento se especificarán en el reglamento que elaborará la administración estatal.